En el marco del proceso de reestructuración del Estado, el Gobierno Nacional ha resuelto disolver, a través del Decreto 70/2025, la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda. Con la decisión se oficializa la paralización definitiva de 103.367 obras y más de 1.800 convenios.
Esta decisión responde a la intención de Javier Milei de que la política de vivienda debe ser gestionada principalmente por las provincias, los municipios y el sector privado, “reduciendo así la intervención del Estado Nacional en esta materia”, según señala el comunicado. “La mayoría de las tareas de la ex Secretaría de Vivienda de la Nación se desarrollaban a través de tres fondos fiduciarios que actualmente se encuentran disueltos y/o en proceso de disolución”, indicó el texto y recordó que anteriormente se disolvió el Fondo Fiduciario Público denominado PROCREAR.
Boletín Oficial
Anteriormente, también se había cerrado a través del Decreto 6/2025 el Fondo Fiduciario para la Vivienda Social. En todos los casos argumentó que hubo irregularidades y malos manejos y por ello se decidió desligarse totalmente de estos.
Según la norma publicada en el Boletín Oficial, también se definió el pase de la Subsecretaría de Integración Socio Urbana (SISU), a cargo de Sebastián Pareja, y de la Dirección Nacional de Arquitectura a la órbita de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Economía. Además, el proceso de cierre de la Secretaría será llevado a cabo de manera ordenada y progresiva, asegurando la adecuada transición de responsabilidades a través de una Unidad Ejecutora Especial Temporaria (UEET).
Obras frenadas desde la gestión de Javier Milei
Actualmente hay 103.367 obras frenadas en todo el país, la mayoría en la zona pampeana (que concentra el 36 por ciento de trabajos no completados), seguida por las provincias del Noroeste (24 por ciento) y el Noreste (con el 17). “Le deben un año de trabajo a 10.000 cooperativistas, nunca les pagaron en todo el 2024. Tenemos 1863 convenios con las municipalidades, con las cooperativas, con las constructoras, con las gobernaciones y todo eso va a terminar en un proceso judicial”, aseguró la Secretaria General de ATE, Alejandra Basso.
Incluso hay gobiernos locales o provinciales que pidieron continuar con la obras, pero Nación no habilitó el traspaso como es el caso de Entre Ríos, La Pampa o la provincia de Buenos Aires. En un año, el Gobierno eliminó el Fondo Fiduciario del Procrear y el Fondo para la Vivienda Social, que afectaron programas claves como Fonavi, Lotes con Servicio, Casa Propia, Reconstruir y Casa Activa, un programa en conjunto con PAMI y ANSES que otorgaba casas en comodato a jubilados en complejos habitacionales, con equipamientos comunes para hacer actividades educativas, deportivas y de recreación.
Javier Milei interrumpió proyectos sustentados con fondos internacionales (Promeba y Prosofa, entre otros), que tenían una evaluación positiva de organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco de desarrollo de América Latina y El Caribe (CAF) o el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), entre otros. En su mayoría, estaban direccionados a las poblaciones más vulnerables como las que viven en las villas o a las comunidades originarias, zonas en las que se trabaja el acceso a agua, cloacas y electricidad.
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