A un día del la conmemoración del Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, y poco después de que el Gobierno rechazara en la ONU la moción contra ese tipo de violencia, el Ministerio de Economía dispuso el cierre del Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata. Éste y otros cuatro fondos fiduciarios fueron dados de baja mediante el Decreto 1048/24, que se publicó este martes en el Boletín Oficial.
La excusa que utilizó el ministro de Economía, Luis «Toto» Caputo, para terminar con estos fondos es que se detectaron debilidades en un auditoría. Según se precisa en el texto del DNU, hubo un mal uso de recursos y falta de controles y resultados.
En rigor, la decisión comprende al Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Capital Emprendedor (FONDCE); el Fideicomiso para la Refinanciación Hipotecaria; el Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata de Personas; el Fondo Fiduciario Público denominado Programa de Inversiones Estratégicas (PROINE); y el Fondo Fiduciario denominado Programa para Incrementar la Competitividad del Sector Azucarero del NOA (PROICSA).

Cómo funcionaba el Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata
Vigente por Ley desde 2019, este Fondo garantizaba la reparación económica a las víctimas a través del decomiso de bienes decomisados en causas judiciales referidas a los delitos de trata y explotación sexual, y de ganancias provenientes de tales ilícitos. La normativa proponía la gestión de lo reunido producto de estos crímenes. Para ese fin se había conformado una Unidad Ejecutiva (UE) en la órbita del Ministerio de Justicia, que velaba por la gestión de los recursos embargados.
De acuerdo a la Ley, el circuito que debían seguir los bienes para la reparación económica a las víctimas era:
- Una vez que la causa contaba con una sentencia firme, la Justicia ordenaba el decomiso de bienes y tenía la orden de identificar a las víctimas que obtendrían la reparación, y el monto de las indemnizaciones para cada una de ellas.
- La UE recibía los bienes, que después serían inscritos en el Registro Nacional de Bienes Secuestrados y Decomisados en el Proceso Penal; e informados al Consejo Federal de Lucha contra la Trata.
- Luego, los bienes debían ser puestos a disposición de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) para que se realice su venta en procesos públicos y transparentes. El dinero producido será transferido al Fondo Fiduciario, administrado por BICE Fideicomisos S. A., que a su vez era el encargado de instruir las medidas necesarias para evitar su depreciación.
- La Unidad Ejecutiva ordenaba al BICE, según lo determinara el Consejo Federal para la Lucha contra la Trata, a realizar los desembolsos correspondientes a las reparaciones ordenadas judicialmente, en beneficio de las víctimas individualizadas en sentencia firme.
- El Consejo Federal para la Lucha contra la Trata era el encargado, asimismo, de administrar el capital remanente del Fondo así como las partidas presupuestarias asignadas.
Con qué excusa el Gobierno lo disolvió
De acuerdo con lo expresado en un comunicado oficial del Ministerio de Economía, el Fondo de Asistencia Directa a Víctimas de Trata presentaba «múltiples falencias». Entre ellas —precisó— se encuentran los incumplimientos del Fiduciario respecto del pago a víctimas de trata, así como de los plazos establecidos para efectuar dichos pagos.
No obstante, ante la disolución del Fondo, aclararon que el Ejecutivo “mantendrá los objetivos y finalidades perseguida por la Ley 26.364, y por tanto, dispondrá la continuidad y atención a las víctimas de tales delitos, mediante las acciones a financiarse a través de las correspondientes partidas presupuestarias ya destinadas para ese fin, y que serán administradas por parte del Ministerio de Justicia, como órgano responsable de tutelar los objetivos previstos en la Ley”.
Fuente: Página 12.
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