Ayer, Argentina fue el único país que votó en contra de una resolución de la ONU que busca «intensificar esfuerzos para eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas». Esta decisión está en sintonía con el resto del Gobierno de Javier Milei, que además de introducir cambios hostiles en el Programa Acompañar, acaba de borrarlo del proyecto de presupuesto 2025. Si bien no fue anunciado aún, esto podría significar la eliminación del Programa Acompañar.

¿Qué es el Programa Acompañar?
Nacido en el 2020, el Programa Acompañar fue creado para proporcionar una asistencia económica a las mujeres y personas LGBTI+ en situación de violencia de género. Como las personas en situaciones de abuso no suelen tener independencia económica, el programa se creó para llevar un cierto alivio inmediato pero que también le de a la víctima medio año para recuperar su autonomía y romper con el ciclo de abuso.
Este programa otorgaba una asignación equivalente al Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) por 6 meses. La idea era que en ese tiempo se brindara un apoyo a las víctimas para que no tuvieran que pudieran ser independientes y conseguir un trabajo y lugar seguro. Además, el único requisito para acceder a la ayuda era acreditar la situación de violencia mediante un informe social.
Las modificaciones del Gobierno de Milei
En agosto, el Gobierno de Javier Milei introdujo cambios en el Programa Acompañar a través del Decreto N° 755/2024. Entre las modificaciones más violentas está, por supuesto, la reducción de la asistencia: de ser 6 meses pasaron a ser 3 meses. Agustina Rossi, Socióloga especializada en Estudios de Género, señaló que: “es difícil pensar que alguien pueda encontrar un alquiler, una vivienda o iniciar un trabajo en solo 3 meses. Sin autonomía económica, salir del círculo de la violencia se vuelve casi imposible”.
Otro cambio sustancial fue el endurecimiento de los requisitos para acceder a la ayuda. Mientras que antes solo era necesario acreditar la situación de violencia mediante un informe social, ahora el gobierno exige también la realización de una denuncia judicial o policial.
Esta medida es bastante problemática, ya que invita a la revictimización. Muchas víctimas de violencia no pueden hacer denuncias por miedo o directamente desconfianza en el sistema judicial. Obligar a las personas a denunciar a su agresor para recibir asistencia económica puede poner en riesgo la seguridad de quienes ya están en peligro.
El impacto del desmantelamiento del Programa Acompañar
Las modificaciones que hizo el gobierno de Milei no solo impactan directamente a las víctimas de violencia de género, sino que también muestran un claro desinterés por parte del Ejecutivo en seguir apoyando políticas públicas que protejan a las mujeres y al colectivo LGBTI+. Según datos de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el presupuesto del programa Acompañar en 2024 se redujo un 82% en comparación con el año pasado.
Esto significa que la cantidad de personas que recibieron asistencia bajó de 34.023 en el primer trimestre de 2023 a apenas 434 en el mismo período de 2024.
La desfinanciación y el ajuste en este tipo de programas no son un fenómeno aislado. El Proyecto de Presupuesto para 2025 presentado por el gobierno de Milei no incluye ninguna partida específica para el Programa Acompañar, lo que abre la puerta a la posibilidad de que se elimine por completo. En este contexto, muchas organizaciones temen que el desmantelamiento del programa sea solo el comienzo de un recorte más amplio en las políticas públicas de género.
Los retrocesos
El ajuste en el Programa Acompañar es parte de una tanda de recortes en el presupuesto que están afectando las políticas de género en general. La Línea 144, que ayuda a las personas que están en situaciones de violencia de género, tampoco va a tener un presupuesto propio para el 2025. Esta falta de interés por parte del Gobierno Nacional que ignora deliberadamente programas de contención y protección pone en riesgo la vida de las víctimas
Este recorte y la falta de recursos para proteger a las mujeres y al colectivo LGBTI+ que sufren violencia van en contra de los compromisos que Argentina asumió a nivel internacional. El país firmó tratados, como el Convenio Internacional sobre la violencia y el acoso 190/2019, que lo obligan a proteger a las víctimas y a poner en marcha políticas públicas que realmente sirvan para erradicar la violencia de género.
Malena Vivanco, economista de ACIJ, explicó que “hay una distribución injusta en el ajuste presupuestario. Las mujeres, los niños y las adolescentes son quienes más sufren estas reducciones. Mientras algunos sectores reciben incrementos, las políticas de género son las más golpeadas por el ajuste”.
Las modificaciones y eventual eliminación del Programa Acompañar reflejan una visión que no entiende ni le interesa la complejidad de la violencia de género. La violencia no se soluciona con una denuncia, ni se erradica con recortes presupuestarios. Necesita un enfoque integral que contemple la protección, el acompañamiento y, sobre todo, la autonomía económica de las víctimas.
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