Desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa se solicitó al Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, que informe qué sucederá con las personas que tienen un crédito asignado a través del Procrear. La solicitud también incluye información sobre los créditos vigentes y cuáles serían los términos o condiciones para su continuidad. Esta iniciativa busca claridad para los beneficiarios del plan de vivienda en la provincia.
El titular del organismo, José Leonardo Gialluca, recordó que el Gobierno Nacional oficializó, a través del Decreto Nº 1017/24, la implementación de hipotecas divisibles. Además, mediante el DNU Nº 1018/2024, el Ejecutivo disolvió el Fondo Fiduciario Público del Plan Procrear. El gobierno justificó la medida argumentando que el fondo representaba una carga significativa para las finanzas públicas.
Además, la gestión de Milei señaló que las operaciones del fondo no habrían cumplido con los objetivos de transparencia y eficiencia esperados. Gialluca mencionó que una de las principales preocupaciones de los beneficiarios del Plan Procrear es el futuro de su vivienda. Hasta ahora, se conoce que el Gobierno firmaría un contrato con el Banco Hipotecario S.A. para asegurar la continuidad de la gestión de los créditos bajo las mismas condiciones pactadas.
Con este acuerdo, los titulares de los créditos del Plan Procrear no verían alteradas sus condiciones de pago o financiamiento. Sin embargo, la nueva normativa introduce distintos tipos de hipotecas que, según la Defensoría del Pueblo de Formosa, serían difíciles de implementar en Formosa. Entre estas modalidades se encuentran:
- Las hipotecas divisibles para proyectos inmobiliarios, que permiten que cada comprador asuma su propia deuda al adquirir una unidad. Esta modalidad se aplica a proyectos sujetos a propiedad horizontal o subdivisiones, dividiendo la deuda según cada unidad o lote adquirido.
- Otra modalidad es la hipoteca sobre el derecho real de superficie, que permite usar este derecho como garantía hipotecaria. Esto beneficiaría a quienes tienen derecho a construir sobre terrenos ajenos, facilitando el financiamiento para proyectos habitacionales.
- Además, se establece la posibilidad de registrar boletos de compraventa para unidades futuras, es decir, aquellas que aún no están construidas. Esta medida aportaría seguridad jurídica a las preventas de unidades inmobiliarias, ya que el registro brindaría publicidad y respaldo legal. Esto protegería los derechos de los compradores y reduciría la incertidumbre en las preventas.
- Finalmente, el DNU 1017/24 hace optativo el seguro para contratos de prehorizontalidad en proyectos en construcción. A diferencia de la normativa anterior, ahora quienes adquieran unidades en construcción podrán optar por contratar o no el seguro. Esto otorga mayor flexibilidad y autonomía a las partes involucradas en cada contrato.
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