La consultora Politiké analizó la ejecución presupuestaria nacional en torno a una inversión real directa de las dos primeras semanas de julio, con lo cual concluyó que Formosa fue una de las provincias que menos recibió a nivel país. Esta partida analizada refleja, en su mayor proporción, lo invertido en obra pública y en adquisición de bienes durables.
En ese sentido, hasta el 12 de julio se concluyó que Formosa recibió el 4,9% de la ejecución presupuestaria. “Hay una notoria discriminación realizada hacia provincias no afines al gobierno nacional, como lo son Formosa y La Rioja”, señaló la consultora.
Al respecto, desde la gestión provincial se denunció que hay un total de 56 obras que fueron paralizadas y contaban con un cofinanciamiento de diferentes organismos nacionales e internacionales. Entre estas está paralizada la fábrica de la empresa Dioxitek que se encarga de realizar el material que sirve de combustible para las centrales nucleares, por lo que la paralización no solo afecta a Formosa sino a todo el sistema energético nacional.
¿Un superávit ficticio?
Si bien el Gobierno Nacional festeja que con los recortes se logró superávit, hay estudios que marcan lo contrario.
Muestra de ello es el informe del Centro de Economía Política (CEPA) indicó que durante junio. Según el centro se postergaron pagos energéticos, a Universidades y otros programas sociales.
Dentro de los subsidios, aquellos destinados al transporte cayeron 48,9% interanual, mientras que en el sector energético la caída es más profunda: de 81,2%, impactando en un fuerte aumento de tarifas. Pero, fundamentalmente, no se realizaron los pagos a CAMMESA correspondientes al mes de junio.
Si en los meses de abril y mayo, el Gobierno Nacional tuvo que liberar fondos (en el marco del acuerdo con las generadoras) por un total de $1,46 billones (siendo $622 mil millones en abril y $844 mil millones en mayo), en el mes de junio sólo se desembolsaron $42 mil millones de pesos, reduciendo las transferencias en torno a $700 mil millones menos en este rubro respecto al promedio abril-mayo. El gobierno tomó la decisión de retrasar nuevamente los pagos en este rubro.
Las universidades en el mes de mayo habían recibido por las actividades “Asistencia financiera para el pago de salarios del personal no docentes” y “Asistencia financiera para el pago de salarios del personal docente y autoridades superiores”, un total de $76 mil millones y $131 mil millones, totalizando $206 mil millones. En junio, se devengaron $120 mil millones y $204 mil millones, totalizando $324 mil millones, que, sin embargo, no se pagaron en el mes de junio.
Otros planes sociales: en este rubro se destinaron $497 mil millones en junio (47% menos en términos reales que un año atrás), que contrastan con los $708 mil millones pagados en mayo. En este rubro se incluyen diversos programas, como el ex Potenciar Trabajo, la Tarjeta Alimentar, el programa Acompañar, transferencias a comedores comunitarios y merenderos, por lo cual es difícil discernir qué partidas sufrieron recortes. Pero sí es posible mencionar que, en políticas alimentarias, en junio, se devengaron $159.000 millones que no fueron pagados, a lo que se suma el programa Hogar, que no tuvo cronograma de pago durante junio.
Si en junio se hubiesen destinado los mismos recursos que en mayo a CAMMESA, las Universidades y otros programas sociales, sumarían $1,2 billones adicionales. En ese caso, el Gobierno no hubiera tenido superávit sino déficit fiscal por $700.000 millones y un déficit financiero por $1 billón.
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