El 7 de junio de 2001 Carlos Menem se convirtió en el primer presidente constitucional de la historia argentina en ser procesado con prisión preventiva por un caso de corrupción. El juez federal Jorge Urso lo convocó a una declaración indagatoria por los envíos ilegales de armas del Ejército a Croacia y a Ecuador.
La audiencia duró apenas 20 minutos. Menem insistió con su inocencia pero el Juez le comunicó su detención. Saldría de los tribunales federales como el primer presidente constitucional procesado durante un gobierno democrático. ¿La acusación? Ser jefe de la asociación ilícita que ilegalmente vendió armas a Croacia y Ecuador.
El mismo fue uno de los grandes casos de corrupción de los 90. Emir Yoma, su ex-cuñado, había sido detenido y el juez Jorge Urso fue por todos los hombres del presidente hasta llegar a Menem. Fue a una quinta de Don Torcuato, propiedad de Armando Gostanian, ex titular de la Casa de Moneda. Allí estuvo hasta noviembre del 2001 y al mes, cayó De la Rúa.
Procesado por venta de armas a Croacia y Ecuador
La venta de armas a Ecuador, Croacia y Bosnia-Herzegovina fue un escándalo político. Hubo una serie de ventas ilegales de armamentos fabricados en la Fábrica Militar de Río Tercero, Córdoba. Éstas fueron utilizadas por Croacia y Bosnia-Herzegovina (cuando existía) en las Guerras Yugoslavas y por Ecuador en la Guerra del Cenepa contra el Perú.
Desde Argentina y, en menor medida, desde Chile, se orquestó el envío de armas hacia Croacia y Bosnia-Herzegovina, bajo la influencia de Estados Unidos y la OTAN. Este flujo de armamento tenía como objetivo evitar el avance de Serbia, que estaba respaldada por Rusia e Israel. Además estaban involucrados: Irán, Turquía, Malasia, Pakistán, Hungría, Arabia Saudita y Chile.
Mediante redes de inteligencia heredadas de las operaciones del terrorismo de Estado de las décadas de 1970 y 1980, como el Plan Cóndor, Chile desplegó su influencia. Altos funcionarios croatas han declarado públicamente que gracias al envío de armas argentinas esa nación pudo armarse para defenderse y que ello permitió detener la guerra
Carlos Menem fue quien firmó y fue procesado, junto con el Ministro de Defensa Oscar Camilión, tres decretos secretos entre 1991 y 1995 autorizando la venta de armas de guerra fabricadas en la Fábrica de Armas de Río Tercero, a Panamá y Venezuela. Los arsenales terminaron en manos de los ejércitos: croata, bosnio y ecuatoriano, sin haber sido solicitados ni por Panamá ni por Venezuela.

Las explosiones de Río Tercero
El 3 de noviembre de 1995 la ciudad de Río Tercero sufrió la explosión de más de 25.000 proyectiles. Murieron 7 personas y se estima que hubo más de 10.000 damnificados. Aquel trágico día, las calles de Río Tercero se llenaron de proyectiles y de esquirlas. Cientos de viviendas quedaron destruidas o afectadas. Fue una onda expansiva que alcanzó más de 30 manzanas.
Apenas 11 días después, el 24 de noviembre de 1995, el pueblo de Río Tercero volvió a sufrir nuevas explosiones. Se detonaron miles de proyectiles que habían sido acumulados, sin las medidas de seguridad adecuadas, en el predio de la fábrica. Por miedo y necesidad, cientos de familias evacuaron la ciudad, buscando amparo en zonas aledañas.
La gran mayoría se quedó en Río Tercero, llevando adelante sus vidas y el nuevo duelo. Pero al poco tiempo, algunas personas empezaron a realizar denuncias. Reclamaron justicia. Cada riotercerense intentó sobrellevar como pudo los efectos de las explosiones, el caos y el pánico de que pudiera volver a suceder.
Al caso de la venta ilegal de armas, se le sumó la sospecha de que las explosiones de Río Tercero fueron un hecho intencional para ocultar pruebas. A pocas horas de las explosiones el entonces Presidente Carlos Saúl Menem viajó a Río Tercero con un mensaje urgente para la prensa: “es un accidente […] ustedes tienen la obligación de difundir esa palabra.”

Dolarización, AMIA y corrupción
Pero esta no fue la única causa por la cual casi estuvo procesado. Estuvo el Swiftgate: un pedido de coimas al frigorífico Swift denunciado a la embajada norteamericana, que elevó su queja. Luego estuvo el Yomagate: la denuncia de que Amira Yoma, ex cuñada presidencial, y su esposo sirio, Ibrahim Al Ibrahim, (un coronel que no hablaba castellano y había sido colocado al frente de la Aduana), hacían pasar valijas con dinero sucio del narcotráfico para su lavado.
Además, la economía no daba tregua, con billetes de $500.000 australes en circulación. Menem probó con su Canciller, Domingo Cavallo, que tomó las riendas de Economía. Dos meses más tarde, en abril de 1991, comenzó el plan de convertibilidad, que ataría la moneda al dólar. Fue el comienzo del endeudamiento masivo para sostener el modelo.
En 1992 ocurrió un hecho trágico: el atentado a la embajada de Israel, el 17 de marzo, que se cobró decenas de vidas. El hecho quedó impune. A fin de ese año, Carlos Grosso, el intendente porteño nombrado por Menem, renunció en medio de denuncias por irregularidades en su gestión. Ni hablar del escándalo de la leche en mal estado, un caso que afectaba directamente a Miguel Vicco, Secretario personal del Presidente.
Pero volviendo al 7 de junio del 2001, antes de comunicarle su nuevo status de presidiario, el Juez le leyó los cargos que pesan sobre él: falsedad ideológica (por la firma de decretos cuyo contenido estaba adulterado para facilitar el desvío de las armas) y ser el Jefe de la asociación ilícita que realizó la maniobra. Lo único que contestó el procesado fue: “¿Yo jefe de una banda?”

El busto de Milei
El 14 de mayo el Presidente Javier Milei encabezó el acto de colocación del busto de Carlos Saúl Menem en el Hall de Honor, también conocido como «Galería de los Bustos Presidenciales», espacio de la Casa Rosada donde se rinde homenaje a los expresidentes constitucionales que gobernaron la Argentina.
El Presidente resaltó la importancia de la ubicación del busto al señalar su proximidad a los de los ex-Presidentes Bartolomé Mitre, Carlos Pellegrini (alabando su gestión económica) y Julio Argentino Roca con el que trazó un paralelismo al afirmar que Menem “también trató de sacar de la barbarie a la Argentina y ponerla nuevamente de pie”.
En el 2001, la Corte Suprema de Argentina ordenó que todos los casos relacionados con la venta de armas recayeran en el juez Julio Speroni que emitió un sobreseimiento para todos los implicados en el caso. Sin embargo, la Cámara de Apelaciones anuló este sobreseimiento. La investigación fue luego tomada por el juez Rafael Caputo.
Fue un caso largo y terminó recién en el 2019, cuando el ex-Presidente de Argentina, Mauricio Macri, otorgó un indulto al procesado Menem, revocando así su condena y levantando la inhabilitación para ejercer cargos públicos. A lo largo de sus dos presidencias, Menem enfrentó una docena de acusaciones que abarcaban corrupción, malversación de fondos, solicitudes de sobornos e incluso la destrucción de evidencia mediante la explosión de Río Tercero.
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