La jueza del Civil y Comercial del juzgado N°8 de Posadas, Adriana Fiori, hizo lugar al pedido de una cautelar que suspende los efectos del DNU que desregula la actividad yerbatera.
Lo hizo a instancias de una presentación de productores que sostuvieron que al degradarse al Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), los productores pierden su cobertura de salud y la corresponsabilidad gremial, lo que afecta de lleno a los tareferos.
Si bien las decisiones del gobierno nacional se dirimen en juzgados federales, la resolución de la justicia provincial marca una postura jurídica al respecto.
El Decreto de Necesidad y Urgencia Nº70/2023 degrada al Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) quitándole funciones como la fijación de precios o el registro de plantaciones, pero además va mucho más allá en su funcionamiento, y los cambios ponen en jaque el cuidado de la salud del sector, por convenios que se verían afectados.
Los afectados serían unos 3.200 pequeños productores yerbateros y sus familias, de Ruiz de Montoya, Jardín América, Dos de Mayo, Leandro N. Alem, San José, Oberá, Eldorado, Montecarlo, Andresito, Campo Ramón, Gobernador Roca, Campo Grande, entre otras, que están dentro de un convenio conjunto firmado por el Inym y el Gobierno de Misiones, para otorgarles atención sanitaria.
Por ello, referentes del sector preparan un amparo para presentar en las próximas horas ante la justicia, en el cual se pedirá levantar la feria, hacer la reserva federal del caso, dictar una medida cautelar y sugerir la nulidad e inconstitucionalidad del DNU en cuestión.
Fuente: El Territorio.
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