El almirante Jaime Vela, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, y el general César Zapata, comandante de la Policía Nacional, dieron a conocer los resultados de las primeras acciones ejecutadas a escala nacional para combatir a grupos terroristas, luego que el presidente Daniel Noboa emitió el Decreto Ejecutivo 111.
Entre los resultados obtenidos, el almirante Vela destacó que se detuvo a 329 terroristas, quienes en su mayoría pertenecen a los grupos de Tiguerones, Los Lobos y Los Choneros.
Además, 5 terroristas fueron asesinados, 41 personas fueron rescatadas, se recapturó a 28 personas privadas de la libertad (PPL), se recuperaron 195 vehículos robados, 9 embarcaciones, 19 equipos de comunicación, se aprehendieron 61 armas, 418 municiones, 28 explosivos y 230 kilos de sustancias sujetas a fiscalización.
El jefe del Comando Conjunto de las FF. AA. indicó que las intervenciones se realizan en coordinación de los servicios de inteligencia del Ejército y la Policía Nacional, además de comandos de fuerzas especiales de ambas instituciones.
Por su parte, el comandante de la Policía indicó que en el operativo para recuperar las instalaciones del canal TC Televisión fueron detenidas trece personas, quienes serían parte de la banda Tiguerones, que son procesadas por el delito de terrorismo.
Informó que en un operativo realizado en Tungurahua se detuvo a 17 sujetos que serían miembros de Los Lobos. A ellos se les encontró 16 armas de fuego, un explosivo, un vehículo, municiones, un inhibidor de señal, entre otros indicios.
Perú y Colombia reforzaron las fronteras ante la ola de violencia en Ecuador
Los Estados del Mercosur emitieron un comunicado en el que “condenan enérgicamente los actos de violencia perpetrados por grupos relacionados al crimen organizado transnacional que afectan la seguridad interna de la República del Ecuador”.
La vecina Perú declaró la emergencia a lo largo de su frontera de 1.400 kilómetros con Ecuador y reforzó la vigilancia tanto en los bordes como en las provincias de Amazonas, Cajamarca, Loreto, Piura y Tumbes, informó anoche el primer ministro, Alberto Otárola, en declaraciones a periodistas.
En tanto, el Gobierno de Colombia aumentó la seguridad en la frontera con Ecuador tras la ola de ataques de bandas de narcotraficantes que ocurrieron en ese país.
“La cooperación es permanente. Sin embargo, a raíz de los hechos, y para evitar que al país ingresen personas con antecedentes delincuenciales o relacionadas con algún tema delictivo o de narcotráfico, hemos reforzado lo que es el sector de Ipiales, Chiles, Mataje y Carlosama.
Allí tenemos dispositivos policiales, con el apoyo de las Fuerzas Militares, para garantizar que el flujo por esos pasos fronterizos, uno de ellos informal, tengan el control respectivo”, dijo el director de la Policía Nacional colombiana, Nicolás Zapata.
Respaldo de la Asamblea Nacional al decreto 111 emitido por Daniel Noboa
En la noche de ayer, el pleno del Parlamento aprobó por unanimidad, con los votos afirmativos de los 135 asambleístas presentes, una resolución de respaldo al Decreto Ejecutivo 111, suscrito por el presidente Noboa el 9 de enero, en el que se declara conflicto armado interno, se califica como terroristas a 22 grupos de delincuencia organizada y se dispone la intervención de las Fuerzas Armadas para neutralizarlos.
En la resolución se exhorta al jefe de Estado a dar cumplimiento al artículo 6 de la Ley de Seguridad Pública y del Estado y que se declare en sesión permanente al Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe), con el fin de que se emitan políticas, planes y estrategias a escala nacional para resolver la crisis carcelaria, inseguridad y el conflicto armado interno, informó la Asamblea en un comunicado.
Asimismo, se conmina al Estado a precautelar la integridad física de los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, así como su trabajo estratégico, operativo y táctico.
La Asamblea se comprometió a tramitar con celeridad proyectos legales enfocados en materia de seguridad como prioridad de la agenda legislativa, como es el caso de la unificación de reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) y la Ley de Garantías Jurisdiccionales y Control Social.
Fuente: El Universal y Télam.
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