Sobre el filo del plazo máximo, el gobierno de Javier Milei envió esta tarde al Congreso Nacional el polémico Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de desregulación de la economía, en una señal de que está dispuesto a impulsar su tratamiento en medio de las versiones que indicaban que intentaría evitar que se trate.
A partir de hoy, la Comisión Bicameral, que aún debe conformarse, tendrá diez días hábiles para emitir dictamen y enviarlo para su debate en el recinto de Diputados o el Senado.
El decreto fue girado por la Jefatura de Gabinete que conduce Nicolás Posse -como lo indica la Constitución-, a través de la Secretaría de Relaciones Institucionales con el Parlamento y la Sociedad Civil que conduce Omar de Marchi, ex diputado mendocino, recién llegado al Gobierno. Ingresó por la Cámara alta poco antes de las 15, aunque existía la posibilidad de que lo hiciera por cualquiera de las dos mesas de entrada.
Según confirmaron cerca del ministro coordinador, fue presentado con todos los artículos originales con los que salió publicado en el Boletín Oficial el 20 de diciembre, incluido el capítulo laboral que la CGT logró suspender a partir de la cautelar de la Cámara del Trabajo a partir de su amparo.
“Esto es una notificación al Congreso sobre el DNU publicado hace diez días. No era posible introducir cambios”, aclararon en la Jefatura.
El paso administrativo toma mayor relevancia después del fallo adverso de la Justicia. El Gobierno decidió hacer el envío a tiempo a pesar de que la comisión, según dicta la ley de DNU, podía tratar “de oficio” el decreto. Fue un gesto de institucionalismo en medio de las acusaciones por intentar saltear al Congreso de parte de la oposición más radical, donde también los acusan de postergar, con ardides, la conformación de la Comisión Bicameral Permanente, donde debería tratarse el decreto.
A partir de hoy rige un plazo de diez días para que ese cuerpo se integre y empiece a debatir el documento para que luego, eventualmente, haya o no dictamen.
Hasta ahora, todos los partidos enviaron sus listas con sus miembros designados, excepto el bloque de Unión por la Patria, que sólo presentó un nómina provisoria y exige cuatro puestos en lugar de los tres que quieren asignarle los libertarios (son ocho por Cámara, que deben reproducir las representaciones políticas de ambos cuerpos).
En la discusión por la representación de cada fuerza talla el pedido del bloque Hacemos Coalición Federal, que nació hace pocas semanas a partir de un acuerdo parlamentario entre Cambio Federal, el espacio de Miguel Pichetto -aliado de Mauricio Macri-; la Coalición Cívica de Elisa Carrió; y Hacemos un país, de Juan Schiaretti y Florencio Randazzo; e Innovación Federal.
La nueva bancada, que tiene 32 legisladores, exigió un lugar en la bicameral y, según aseguran, el titular de la Cámara, Martín Menem, se los había prometido. Ese cuarto puesto es justamente el que pide el kirchnerismo. “Ese tema es el que traba todo y Martín está haciendo malabares”, confiaron fuentes legislativas
Mientras especula sobre cómo avanzará la Justicia -que también hizo lugar a un pedido de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA)- en Balcarce 50 confían en que saldrán airosos del debate legislativo y confían en que hicieron todos los deberes.
Entre ellos, incluir el tratamiento del DNU en el articulado de la ley Ómnibus, para asegurarse otra instancia de debate en caso de que la Bicameral rechace el mega decreto.
De todas formas, insisten en que no hay antecedentes de una desestimación en la historia, porque las condiciones requeridas para darlo de baja -el rechazo de las dos Cámaras- son muy difíciles de alcanzar.
La Justicia dio curso al amparo de 500 intendentes contra el DNU de Milei
La Federación Argentina de Municipios (FAM) informó este viernes que el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal n°6 dio curso al recurso de amparo presentado por 500 intendentes contra el decreto de necesidad y urgencia (DNU) de desregulación económica presentado por el presidente Javier Milei.
Según precisó la FAM en un comunicado, el juez Enrique Lavié Pico dio curso a la acción presentada el martes 2 de enero, primer día hábil del año.
En el recurso, que lleva la firma del presidente de la FAM e intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, se pidió que se deje sin efecto el DNU 70/2023 “hasta tanto se dicte sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada”.
A la vez, solicitó “que se ordene, como medida urgente de protección cautelar, la inmediata suspensión de los efectos del decreto hasta tanto las Cámaras del Congreso de la Nación se expidan por la aceptación o rechazo del Decreto 70/23”.
En el pedido de acción de amparo se señaló que “el decreto cuestionado viola el presupuesto de validez esencial fijado por la Constitución, por cuanto arremete contra el principio general consagrado por el art. 99 inciso 3º, que es la prohibición del Presidente de dictar disposiciones de carácter legislativo”.
Y sostuvo que el DNU “viola el principio rector que sustenta el estatuto del poder: la separación de poderes y conduce a la suma del poder público” y se destaca que “constituye una amenaza cierta e inmediata sobre el sistema democrático”.
Fuente: Infobae y Télam.
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