El fiscal federal de Chaco, Patricio Sabadini, imputó hoy al dirigente Emerenciano Sena, a su mujer Marcela Acuña, y a Osmar “Quintín” Gómez, un ex funcionario y allegado a los Sena, en una causa que se inició en 2010 por el delito de trata de personas.
La denuncia la hizo Sergio Schoklender cuando todavía estaba al frente del programa Sueños Compartidos. En ese entonces, acusaba al piquetero de someter a la servidumbre a las personas que trabajaban en un predio ubicado sobre la ruta 11. La causa estuvo frenada durante casi 13 años pero fue reactivada tras el asesinato de Cecilia Strzyzowski.
Imputaron a Emerenciano Sena y Marcela Acuña: la hipótesis del fiscal
Según el fiscal, los tres imputados “habrían captado a los denunciantes al ofrecerles trabajo, engañándolos haciéndoles creer que tendrían buenas condiciones laborales y que serían los dueños de las casas que ellos mismos construirían, aprovechándose de la clara situación de vulnerabilidad de los mismos producto de las necesidades económicas”.
Asimismo, Sabadini los acusa además de haberse valido “del uso de violencia, amenazas y hostigamiento de toda índole, como insultos y maltratos psicológico, desvalorización, para mantenerlos en esa situación de subordinación, ante el riesgo constante de quedar sin trabajo”.
El fiscal Sabadini es el que investiga el dinero encontrado en la casa de los Sena y sostiene que la trata de personas podría ser el delito precedente del lavado de dinero. En ese expediente, se pidieron informes a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), a la Unidad de Información Financiera (UIF), y a varios Registros de la Propiedad y del Automotor.
Los delitos de la denuncia original:
- Sometimiento a servidumbre a los trabajadores que prestaban servicios en el lugar, a quienes bajo extorsión y amenaza le sacaban parte de sus salarios, los sometían a horarios extendidos de trabajo, sin permitirles salir del predio.
- Sustracción y apoderamiento ilegítimo de ropa de trabajo, equipos de seguridad (cascos, barbijos, antiparras etc), dinero remitido para gastos de alimentación y materiales de construcción- de aproximadamente 40 viviendas- remitidos por la Fundación
- Usurpación del predio del ex campo de tiro, cuya tenencia había sido conferida por el estado provincial a la Fundación para cumplir la finalidad de los convenios.
Fuente: Diario de Cuyo
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