Las imágenes de la compleja situación que transita el Río Corriente, seco por la acción de las arroceras, trascendió la provincia en los últimos días. Tal como lo informó NEA HOY hace algunas semanas, la firma Adecoagro fue señalada por pobladores y productores de la zona ribereña como la responsable de provocarlas, debido al inmenso caudal de agua que absorbió durante los últimos meses con maquinaria casi impensada.
Sin embargo, no sólo pobladores y productores locales advirtieron sobre la situación a medios de comunicación y en redes sociales, sino que el caso llegó a la Justicia local por denuncias de una Legisladora del Frente de Todos que atribuyó la responsabilidad de los hechos al administrador general del Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (ICAA), Mario Antonio Salvia.
Vale señalar que Salvia fue designado autoridad competente en julio del año pasado, cuando el Gobernador Gustavo Valdés le tomó juramento. Su rol al frente del ICAA es el de funcionar como autoridad técnica, instancia de aprobación y organismo de contralor de todas las obras, emprendimientos y acciones, tanto públicas como privadas, cuya ejecución impacte o modifique de algún modo el régimen o sistema de escurrimiento del agua o su calidad, en cualquier cuenca de la provincia.
Por ello, la Diputada provincial Belén Martino por el Frente de Todos (FDT) denunció que la falta de regulación sobre la acción de los emprendimientos arroceros, sobre todo de Adecoagro por la magnitud de los hechos, puede figurarse bajo la comisión del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público tipificado en el artículo 248 del Código Penal.
Además, dejó en claro que dicha explotación llevada adelante por la firma multinacional “impacta y modifica el curso del agua del río Corrientes, produciendo graves e irreparables consecuencias ambientales”.
Desatención del ICAA
Hace más de un mes, un pedido de productores agrícolas de la Comisión de Regantes del Río Corriente solicitó al ICAA resolver la suspensión temporaria de la concesión de agua para riego a Adecoagro que sembró “un total 11.800 hectáreas de arroz, haciendo caso omiso a las predicciones del clima”.
El grupo de productores denunció la “falta de palabra” de la firma y tuvo que acudir a la presencia policial para que apagaran dos bombas extractoras de agua que estaban encendidas, aunque prometieron que permanecerían apagadas por la situación de sequía.
Hasta el mes pasado, con conocimiento del ICAA, Adecoagro tenía instaladas en el río 7 bombas con una capacidad de extracción de agua de 12 millones de litros (1.500 litros por segundo, cada una); es decir, tres veces superior a la concesión actual (Res 233/22).
Para ampliar el contexto, hasta diciembre, en la cuenca del río Corriente se encuentran regando 9 productores de arroz. Siete de los nueve suman 4.500 hectáreas pertenecientes a productores con más de 30 años en la actividad. Sin embargo, la firma multinacional duplica la producción de todos esos otros productores juntos.
Por ello, los productores solicitaron al ICAA el cese de los permisos para la empresa Adecoagro, “hasta que el caudal del río Corrientes lo permita”.
Lo cierto es que, según señalan los pobladores locales, la firma multinacional “cuenta con un reservorio de agua para continuar con el riego (en la Estancia Oscuro) hasta la recuperación del río, porque en noviembre cometió la infracción de absorber volúmenes superiores a los que se le otorgó”.
Otra situación irregular
A lo que sucede con la seca ocasionada por Adecoagro se suma la de la arrocera “Cerro Tuna” que secó la Laguna Mercedita en la localidad de Mercedes, con conocimiento del ICAA que le otorgó el permiso para que operara.
“La arrocera está autorizada por el ICAA, pero en este momento están viendo si se cumplieron con todos los permisos en ese lugar. Indudablemente, la seca más las extracción produjeron un daño impresionante”, dijo a medios locales, hace algunos días, el Director de Parques y Reservas de la provincia de Corrientes, Vicente Fraga.
También señaló que la arrocera no podrá estar más en el lugar, como el caso de, la que sería, Adecoagro, (ya que no se la nombró explícitamente) en el río Corrientes.
Y finalizó diciendo que “más allá de los daños hechos, va a servir para futuro (…), para poder realizar mejor nuestro trabajo”.
Arrocera Cerro Tuna al noroeste de Mercedes, #Corrientes estan extrayendo agua de manera ilegal de la Laguna Mercedita.
La extracción del caudal se está realizando mediante un canal no autorizado de manera ilegal y dejando sin caudal una laguna y una gran mortandad de peces. pic.twitter.com/Ktk9eucqbw
— LuisMartínez Ambientalista (@AMBLUISM) January 21, 2023
Silencio de Valdés y su gabinete
Esta semana fue clave para el Gobierno correntino ya que fueron convocados por el Ejecutivo, por primera vez en el año, Ministros y titulares de entes descentralizados, entre los que se encuentra el ICAA.
Sin embargo, y aunque, según el Ministro de Coordinación y Planificación, Miguel Olivieri, el “objetivo principal fue analizar las primeras acciones de cada ministerio y órganos descentralizados para este año, pensando en cada correntino”, la cuestión del río Corriente y la regulación de las arroceras no estuvo en la agenda.
Así lo confirmó ayer por la mañana NEA HOY, cuando, a la espera de entrevistar al administrador general del ICAA, Mario Antonio Salvia, informaron desde el organismo que “no hay declaraciones sobre el tema, por el momento”.
Mientras tanto, los productores siguen preguntándose qué tipos de intereses tiene el Gobierno correntino para no pronunciarse al respecto y no tomar cartas en el asunto de modo urgente, frente a tan compleja situación. Solo resta esperar a ver cómo avanza la emergencia.
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