El 4 de julio de 2018 fue sancionada la Nueva Ley de Trasplante de Órganos, Tejidos y Células, conocida como Ley Justina, que simplifica el procedimiento de trasplantes facilitando su acceso a una mayor cantidad de personas que se encuentran en la lista de donantes.
En las últimas semanas, el tema se puso en agenda luego de que el actual diputado nacional y mediático economista liberal Javier Milei advirtiera que la venta de órganos “es un mercado más”. Esto abrió la discusión sobre la importancia de la regulación y centralización del sistema de trasplantes por parte del Estado y las consecuencias que implicaría que esté regulado por el mercado.
¿Qué es la Ley Justina?: sus impactos positivos
Justina Lo Cane fue una niña que falleció en noviembre del 2017 a la espera de un trasplante de corazón que nunca llegó. Su experiencia hizo que familiares y organizaciones civiles diseñaran un cambio en la normativa argentina que simplifique el proceso de trasplante de órganos y tejidos para evitar que la burocracia o falta de promoción y fomento evite que otras personas como Justina reciban el trasplante que estén necesitando.
Por año, en el país hay más de 11 mil personas en lista que esperan un trasplante. 7647 de esas personas necesitan el trasplante para salvar sus vidas, mientras que otros 2880 de ellas esperan un trasplante de córnea. Sumado a esto, todos los años 30 mil personas se realizan diálisis en Argentina.
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La ley 27.447, conocida como “Ley Justina”, facilita el proceso de donación al considerar como donante a toda persona capaz mayor de 18 años, dando la posibilidad a las personas que no quieran ser donantes de realizar un trámite para dejar registrada su voluntad.
Si bien la Ley 26.066, conocida como “Ley de Donante Presunto”, ya consideraba donante a toda persona mayor de 18 que no haya manifestado su expresa voluntad contraria, a su vez fijaba que, al momento de la muerte, las autoridades debían solicitar testimonio a la familia de la voluntad del fallecido. Este punto fue lo que modificó la Ley Justina.
Además, la norma dispuso la creación de servicios de procuración en distintos establecimientos hospitalarios. Esto implica que todos aquellos hospitales en los que funcionen los servicios de procuración deberán contar con al menos un profesional encargado de “la correcta detección, evaluación y tratamiento del donante”.
A un año de la aprobación de la Ley 27.447 se realizaron 871 procesos de donación de órganos, que permitieron que 1.958 pacientes en lista de espera reciban un trasplante de órganos, 512 trasplantes más que los realizados en igual periodo del año anterior.#DarParaCambiar pic.twitter.com/UFO4OLvWgf
— INCUCAI (@incucaioficial) July 2, 2019
La Ley Justina se sancionó en julio del 2018 y se reglamentó en enero del siguiente año. A mediadios de 2019, ya se habían duplicado los trasplantes. La tasa de donantes alcanzó ese año los 19,5 por millón de habitantes, que no solo es la más alta en la historia del país sino que se acerca a las tasas de la Unión Europeas (alrededor de 22 donantes por millón de habitantes).
Según informó el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI), entre el 1 de julio del 2018 y el 30 de junio del 2019 se realizaron 871 procesos de donación de órganos, 512 trasplantes más que los realizados en el mismo periodo del año anterior. Esto permitió que 1.958 pacientes en lista de espera reciban un trasplante.
¿Por qué los órganos no se venden?
En un debate en la plataforma Net.TV el diputado nacional por La Libertad Avanza se manifestó a favor de la venta y compra de órganos, manifestando que de esta manera aumentaría las personas que estarían dispuestas a donar.
La compra y venta de órganos esta prohibida en casi todos los países del mundo, y hay una buena razón para ello. Los trasplantes en Argentina se realizan a través de listas de espera, conformadas dependiendo de distintos parámetros de prioridad como la necesidad y urgencia del solicitante.
Permitir que el acceso al trasplante de órganos y tejidos esté regulado por el mercado generaría ventajas para quienes tengan mayor poder adquisitivo, e impediría que las personas pobres puedan acceder a un procedimiento que podría salvarles la vida.
La mayoría de los países que legislan los trasplantes de órganos lo definen como “uno de los mayores actos altruistas que puede realizar una persona“, cediendo una parte de su cuerpo a alguien que lo necesita para que puede continuar viviendo un tiempo más o mejorar su calidad de vida.
El propio INCUCAI repudió a través de un comunicado los dichos de Javier Milei, ratificando que la donación de órganos se basa “en una decisión solidaria, por lo que no puede existir ninguna contraprestación a cambio”.
INFORMACIÓN DEL INCUCAI
Ante declaraciones realizadas sobre la posibilidad de instalar un mercado de venta de órganos, el INCUCAI manifiesta que la donación de órganos se basa en una decisión solidaria, altruista y desinteresada, pic.twitter.com/rYmA6Ux0UC
— INCUCAI (@incucaioficial) June 3, 2022
En el comunicado, el Instituto además explicó que “la posibilidad de la compra venta y de poner precio a un órgano o a una parte del cuerpo transforma al ser humano de sujeto en objeto y vulnera los derechos humanos y la dignidad humana”.
Además, señalaron que llevar adelante algo así “vulneraría el principio de justicia como equidad, y consagraría las condiciones de inequidad ya que el supuesto ‘vendedor’ lo haría por necesidad y el ‘comprador’ lo haría por sus posibilidades económicas”.
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