Organismos de Derechos Humanos se constituyeron como querellantes en una causa que investiga el fallecimiento de un hombre de 37 años de la localidad chaqueña de Charata. Según los primeros testigos de la detención, los agentes de Policía golpearon al joven fuertemente.
El hecho trascendió poco después del fin de semana de Carnaval cuando una mujer alertó que la víctima habría sido objeto de golpizas y de una detención que aún no está del todo clara en sus motivos. Hasta el momento, son siete los agentes implicados, de los cuales cuatro se encuentran detenidos.
A través de la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros de la provincia, las personas cuentan con un espacio para denunciar la violencia policial, solicitar acompañamiento y asistencia jurídica. También el Comité de Prevención de la Tortura toma denuncias y lleva adelante acciones para prevenir, erradicar y sancionar este tipo de violencia.
El caso de violencia policial
Leandro Bravo de 37 años falleció el 26 de febrero de este año. Ese día, el hombre se dirigió al domicilio de una mujer que solía darle comida y agua pero no pudo ingresar ya que fue aprehendido por la Policía. Según una testigo que expresó públicamente lo ocurrido, al momento de ser detenido, Bravo fue golpeado salvajemente.
Luego, fue trasladado hasta la División de Medicina Legal donde se solicitó que sea llevado al Hospital “Enrique V. de Llamas”, donde finalmente se constató que Leandro Bravo se encontraba sin vida. La muerte fue caratulada como “dudosa” por la fiscalía en turno interviniente.
24 horas después del fallecimiento una vecina apuntó contra los agentes policiales y, en diálogo con medios locales, pidió protección al asegurar que había sido testigo de la golpiza a Bravo. Esa fue la primera pista que llevó a los organismos de Derechos Humanos a intervenir y destapar un hecho de violencia policial.
Desde los organismos de DDHH recomiendan intervenir en hechos de violencia policial. ¿Cómo? Tomando imágenes o vídeos, solicitando información sobre por qué llevan detenida a una persona, identificación de los agentes policiales, e información sobre dónde trasladan a la persona en el caso de ser detenida.
El valor de la denuncia
Para los miembros del Comité de Prevención de la Tortura, la principal investigación y denuncia por la muerte de Leandro Bravo fue realizada por la familia y testigos cuando en realidad eso, debería haberlo hecho la Fiscalía en turno. “Fue la familia la que recolectó una serie de testimonios, inclusive consiguió las grabaciones de las cámaras de seguridad antes de que estas se borren”, describió.
Con esos elementos y el testimonio particular de una testigo que vio el momento de la detención, filmó y denunció ante medios de comunicación local la violencia policial ejercida, fue lo que determinó la intervención de organismos de Derechos Humanos. De ahí, la importancia de que los ciudadanos se involucren, denuncien, alerten sobre hechos de esta magnitud.
“Si la familia no hubiese hecho esto, hoy estaríamos ante un caso donde por lo menos las grabaciones fílmicas serían inexistentes”, advirtieron desde el Comité. También, pidieron a la comunidad denunciar este tipo de hechos que son violaciones a los derechos de las personas.
Intervención del Estado
Ante la situación, intervino el Órgano de Control Institucional del Ministerio de Seguridad y Justicia de la provincia, quienes inmediatamente ordenaron la suspensión y apartamiento de los agentes involucrados, con retención de arma reglamentaria y de haberes hasta tanto se resuelva su situación procesal e implicancia en el hecho.
Luego, la Fiscalía de Derechos Humanos de la provincia tomó intervención ordenando una serie de medidas como la toma de declaración a testigos y la detención de cuatro agentes. También permitió que la Secretaría de DDHH y el Comité se constituyeron como querellantes.
Hasta el momento se sabe que Leandro Bravo fue víctima de violencia policial y que, para encubrir el hecho, los agentes de Policía crearon una falsa denuncia; tampoco la primera autopsia está clara, por lo que el Comité solicitó que se realice otra. También, investigan a los médicos del área de Medicina Legal, ya que ellos debían alertar sobre los golpes que había en el cuerpo de la víctima.
Si ves un hecho de violencia policial o conoces una persona que fue víctima podes hacer la denuncia a la Guardia de DDHH al 362 4746518 o acercarte a las oficinas de la Secretaría de DDHH en Mitre 171; también poder comunicarte con el Comité de Prevención de la Tortura a través del 362 5483744 o en sus oficinas de Arturo Illia 474, Resistencia.
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