En marzo del 2020, en el contexto de una pandemia que estaba doblegando las economías del mundo y ya amenazaba con arribar a Uruguay, el recientemente electo Partido Nacional llevó al Congreso una Ley de Urgente Consideración (LUC) para darle al país un vuelco hacia el conservadurismo después de haber sido gobernado por el Frente Amplio los últimos quince años.
La ley se discutió en tiempo récord para aprobarse el 8 de julio de ese mismo año. En sus 475 artículos, la ley dio vía libre a la una política de seguridad más dura, a la vez que pasó a limitar el derecho a protesta y a criminalizar los piquetes. Con el argumento de ampliar las libertades individuales, introdujo elementos económicos y jurídicos que beneficiaron a una minoría privilegiada, pero que atentó contra la mayoría de la población trabajadora.
En diálogo con NEA HOY, el responsable de la Secretaría de Organización y miembro del Secretariado Ejecutivo de la central de trabajadores uruguayos PIT-CNT Enrique Méndez, explicó que “las necesidades del pueblo uruguayo pasaban por otro lado y no por los diferentes capítulos que instalaban”.
El rol de las organizaciones sociales contra la Ley de Urgente Consideración
Desde la organización que Méndez integra, consideran que la “Ley de Urgente Consideración ataca negativamente a los derechos colectivos e individuales de los ciudadanos uruguayos y sin duda favorece algunos privilegios de un sector muy minoritario”.
Es por eso que, junto a un amplio abanico de organizaciones políticas, sindicales, artísticas, deportivas y sociales, llevaron adelante el año pasado una campaña de recolección de firmas para realizar un referéndum y consulta a la población del país la derogación de 135 artículos de la ley.
Semejante proeza se veía quijotesca desde un principio, siendo que el referéndum requería de un total de 675 mil firmas, el 25% de la población del país, para tener curso. Sin embargo, gracias al despliegue de las distintas organizaciones unidas bajo el rechazo de la LUC, se obtuvieron más de 800 mil, logrando un hito histórico en el país.
¿Cómo llega Uruguay al referéndum?
En las últimas dos décadas Uruguay está atravesando un proceso de aumento del valor de la tierra. La expansión de los pools de siembra y monocultivos incentivó el latifundio y la especulación inmobiliaria de las tierras rurales, desplazando a los pequeños productores en favor de las familias y grupos económicos extranjeros con la posibilidad de comprar grandes extensiones con el objetivo de arrendarlas o venderlas después de un tiempo para sacar ganancia.
El Instituto de Colonización fue creado para limitar el avance de estos negocios, reservando tierras para pequeños productores y protegiendo la diversidad productiva para el mercado interno. En sus artículos 353 y 354, la Ley de Urgente Consideración permite que éstas tierras puedan ser vendidas a arrendatarios en vez de productores, incentivando el proceso de concentración de tierras rurales.
Críticas a la Ley de Urgente Consideración
En la misma sintonía, Méndez explica que la LUC también habilita a los empresarios a transferir hasta 120 mil dólares sin la necesidad de explicar la transacción. “Esto había sido un avance en nuestro país en el marco de la transparencia de los fondos”.
Otro de los puntos más discutidos de la Ley de Urgente Consideración es la modificación en el mecanismo de pago de salarios, que con las modificaciones permitiría al empleador pagar los haberes en efectivo a su empleado en vez de a través de una acreditación bancaria.
Esta reforma, que se presenta como un nuevo derecho del trabajador de elegir cómo recibir su salario, para Méndez esconde la posibilidad del empleador de evadir sus responsabilidades contractuales.
Según explica, cómo un desocupado no se encuentra en igualdad de condiciones con el empleador para negociar y elegir los mecanismos por los que recibirá el pago, el empleador puede obligarlo a recibir el pago en efectivo y de esta forma tener mayor facilidad para inscribirlo de forma fraudulenta y evadir los aportes a su jubilación y seguro social.
En la recta final
El referéndum se realizará el 27 de marzo. Durante esa jornada, la población uruguaya decidirá a través del voto si desea o no revocar los 135 artículos. La campaña por la afirmativa, llevada adelante por las organizaciones sociales, tiene el trabajo de explicar y hacer entender a gran parte de la población el contenido de cada uno de estos artículos y el impacto negativo que tienen para el país.
“Nuestro proceso de trabajo central ha sido llegar en un puerta a puerta en todos y cada uno de los barrios de nuestro país como lo hicimos para conseguir las firmas. No nos va a quedar puerta sin golpear”, explicó Méndez. Para él, la realización de campaña, la participación colectiva y haber instalado la discusión en la agenda pública “ya es un logro” que contribuye a la democracia en el país.
“Sea cual sea el resultado que tengamos el 27 de marzo, la democracia se va a ver fortalecida dentro del Uruguay porque sin duda estamos haciendo valer una herramienta fundamental que la solicitó el pueblo”, concluye, “el pueblo obligó a aquellos que creyeron que haber ganado una elección les daba la legitimidad para hacer de prepo lo que se les antojara, a entender que no va a ser así”
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