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Jueves 22 de febrero de 2024
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Diputado Miguel Arias: “No hay país ni provincia que sea viable sin una justicia independiente”

El Legislador correntino, que fue baleado en un acto proselitista, dialogó con NEA HOY respecto a las movilizaciones que se dieron en el país en los últimos días en pos de democratizar la justicia. Se refirió también al desempeño de la justicia local y resaltó la necesidad de implementar un sistema más transparente en la elección de jueces.

El Legislador correntino, que fue baleado en un acto proselitista, dialogó con NEA HOY respecto a las movilizaciones que se dieron en el país en los últimos días en pos de democratizar la justicia. Se refirió también al desempeño de la justicia local y resaltó la necesidad de implementar un sistema más transparente en la elección de jueces.

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La manifestación ciudadana que se realizó el primer día de este mes contra la Corte Suprema generó repercusiones en todo el ámbito político, a favor y en contra, respecto a la necesidad de “democratizar” la justicia argentina.

En Corrientes se replicó la convocatoria que tuvo epicentro en la capital federal, frente al Palacio de Tribunales. La manifestación en Corrientes se realizó frente al edificio del Superior Tribunal de Justicia.

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Al respecto, el Diputado del Frente de Todos, Miguel Arias, dijo a NEA HOY que el reclamo tiene que ver con una cuestión antigua que afecta al ciudadano común y también al buen funcionamiento de la política.

El Legislador, cuyo caso fue conocido en todo el país por haber sido baleado en un acto de campaña el año pasado, coincidió en que se debe bregar por un Poder Judicial independiente ya que “si la justicia continúa por el sendero actual no existe país ni provincia que sea viable”.

Asimismo, consideró que muchas de las cuestiones que definen las acciones de la sociedad pasan, tarde o temprano, por la Corte Suprema o los tribunales de justicia locales y muchas veces los representantes de este poder del Estado actúan según el parecer de los dirigentes políticos que los pusieron en el cargo que ocupan.

También se refirió a las maniobras judiciales que existen en favor de monopolios económicos y que condicionan las decisiones de los magistrados. “Tenemos una justicia que está muy lejos de ser lo que necesitamos como país”, aseveró el Diputado. Y agregó que este poder del Estado es “una de las causas de que nuestro país no avance para dar mayor calidad de vida a los habitantes”.

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Manifestantes correntinos se sumaron al reclamo nacional contra la Corte Suprema de Justicia.

Discusión sobre ampliar el número de jueces en la Corte Suprema

El Legislador del Frente de Todos compartió su visión sobre el reclamo que sostuvieron los manifestantes en la movilización contra la Corte el primero de febrero. 

La misma va en la línea de una búsqueda por democratizar la justicia argentina. “Una Corte muy chica no creo que sea lo mejor. Ampliar el número podría ser bueno para evitar maniobras en favor de las corporaciones económicas y para buscar mejores acuerdos”, expresó Arias.

Por otra parte, consideró que el aumento del número de magistrados debe ir de la mano con una perspectiva de género y debe sumarse a mujeres. “Que la Corte se encuentre conformada solo por hombres y no tenga mujeres no es un aspecto positivo ya que ambos no perciben de la misma manera una misma situación compleja”, explicó. Debe recordarse que, con la renuncia de Elena Highton de Nolasco el año pasado, la conformación quedó de esta manera. 

Participación de funcionarios de gobierno en las movilizaciones

Algunos sectores políticos criticaron la participación de funcionarios del Gabinete nacional en las movilizaciones del primero de febrero contra la Corte Suprema y consideraron que se trató de un intento de influencia del poder ejecutivo sobre el judicial.

Sin embargo, Miguel Arias dijo a NEA HOY que así como los magistrados del Poder Judicial no dudan en mostrarse a favor del poder político que los puso en los cargos que ocupan, no considera desubicado que los funcionarios sean parte de este tipo de movilizaciones.

Entre quienes respaldaron la convocatoria a nivel nacional estuvieron los Ministros de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi; de Seguridad, Aníbal Fernández; y el viceministro de Justicia, Juan Martín Menna.

Miguel Arias denunció la superposición del poder ejecutivo sobre el judicial que es utilizada para “disciplinar opositores”.

Reclamo a la justicia local

Miguel Arias opinó también sobre la justicia local y señaló que existen una serie de cambios que establece la Constitución provincial que no se han producido hasta el momento como, por ejemplo, que el fiscal general no sea el jefe de los fiscales y defensores al mismo tiempo.

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El Legislador indicó que es el Poder Ejecutivo quien incentive estos cambios para contribuir a la independización del poder judicial. Sin embargo, mencionó que hay una superposición de poderes es un aspecto que le conviene al poder político para convertir a la justicia en un brazo de poder propio y, en consecuencia, lograr disciplinar a quienes son opositores.

En relación al último punto, mencionó que en Corrientes se dieron casos en que dirigentes políticos del peronismo fueron perseguidos por la justicia sin sustento probatorio. 

Sin ir más lejos, la causa del atentado al propio Diputado Arias está congelada en el sistema judicial de la provincia, según fue denunciado en distintas ocasiones por el Legislador en sesiones ordinarias y a través de los medios locales.

El Gobernador Gustavo Valdés junto al Presidente del Superior Tribunal de Justicia de Corrientes, Eduardo Rey Vázquez.

Una justicia sometida al control ciudadano

Miguel Arias finalizó la entrevista reiterando la necesidad de que la justicia se convierta en un poder independiente. Señaló que esa independencia no significa que constituya como un “feudo, en donde nadie pueda opinar y donde no exista control de las acciones de los jueces”.

En la misma línea, expresó que se debe optar por un modo más transparente en que los magistrados accedan a sus cargos ya que, de lo contrario, se registran este tipo de arbitrariedades que se deben a posiciones personales de los jueces o maniobras incentivadas por los poderes de turno o corporaciones económicas.

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