A nueve años de la Masacre de Curuguaty, un nuevo episodio vuelve a poner en discusión la investigación y proceso judicial que rodeó la causa. Es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) notificó el pasado 7 de diciembre que reabrirá el “Caso Curuguaty” para realizar un análisis de lo sucedido.
El 15 de junio de 2012, luego de una orden de desalojo contra 70 campesinos que se encontraban en las tierras públicas de Marina Kue, ubicada en el distrito de Curuguaty, en el departamento Canindeyú, efectivos policiales irrumpieron con un violento operativo, y como resultado murieron 11 campesinos y seis policías.
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Por los hechos ocurridos, el Congreso inició un juicio político, que se desarrolló en cinco días, contra el entonces Presidente de Paraguay, y finalmente fue desplazado, dejándole el mandato interino de la Nación a Federico Franco.
La CIDH y la Masacre de Curuguaty
Actualmente, al ser un país miembro de Organización de Estados Americanos (OEA), Paraguay también está suscripto al Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos. El mismo funciona a partir de peticiones y casos, y cuando una petición es admisible, la Comisión debe analizar los alegatos de las partes y las pruebas presentadas.
En 2014, Rubén Villalba, uno de los campesinos acusados, sentenciado y finalmente liberado por falta de pruebas, presentó una petición frente al organismo internacional, pero hasta el momento el caso estuvo sometido a la fase de admisibilidad.
Tras la aceptación de esta admisibilidad, el Estado paraguayo debe afronta ante la CIDH presuntas vulneraciones en el caso de la Masacre de Curuguaty, así como también denuncias de ejecuciones y torturas extrajudiciales que las víctimas sobrevivientes alegan se cometieron en el país.
Desde la CIDH buscan llegar a una “solución amistosa” entre las víctimas y al Estado paraguayo a lograr una solución amistosa, para así evitar que se continúe con el juicio y lograr un acuerdo entre las partes involucradas.
Acusaciones y sobreseimientos: todo lo sucedido en Curuguaty
Lo sucedido en el desalojo de Curuguaty, que derivó en una masacre, fue denunciado por distintos organismos de derechos humanos, organizaciones sociales y políticas de Paraguay, así como también por la CIDH.
Para poner en contexto lo sucedido, el juicio que tuvo lugar entre 2015 y 2016, condenó a 11 campesinos y ningún efectivo policial fue considerado culpable. El fallo dictaminó que los mismos eran responsables de la muerte de seis de los más de 300 policías que formaron parte del enfrentamiento en Curuguaty.
En ese entonces, la fiscalía basó su acusación en la tesis de que los campesinos armados con escopetas de caza emboscaron a más de 300 efectivos policiales, y los mismos “utilizaron de carnada” a las mujeres y niños presentes para crear un clima de confianza ante los policías.
No obstante, tras dos años de la sanción, el 31 de julio del 2018, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia del Paraguay sobreseyó a las campesinas y los campesinos que habían sido sentenciados por lo ocurrido en la Masacre de Curuguaty.
El argumento para lograr la absolución de los enjuiciados fue la falta de elementos que prueben la responsabilidad penal de los acusados y las acusadas, dejando sin efecto los alegatos, ambigüedades, que tuvieron lugar a lo largo de su acusación.
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