Desde el 2011, cuando se anunció la llegada de Netflix en Argentina, las plataformas de streaming están cambiando la forma de producir y consumir contenidos audiovisuales en el país. Con cada vez más opciones para suscribirse, muchos de los canales tradicionales repiensan sus contenidos para que puedan ser vistos por YouTube.
Pero mientras que youtubers y streamers como Coscu o Ibai Llanos le sacan audiencias a grandes canales y noticieros, en millones de hogares “la peli de netflix” se está instalando como alternativa al cine de los sábados, y esto genera cambios en un mercado del que dependen miles de puestos de trabajo.
Postergar la regulación de los contenidos de las plataformas de streaming compromete la continuidad de una industria de contenidos que fue pensada para sostenerse a partir de las inversiones e impuestos a los medios tradicionales.
En diálogo con NEA HOY, el Coordinador General de la Multisectorial por el Trabajo, la Ficción y la Industria Audiovisual Nacional Guillermo Tello habló sobre la necesidad de modificar las regulaciones a las plataformas de streaming, incorporando cuotas de pantalla y gravámenes para fomentar la producción de contenidos locales.
La ley vigente y las nuevas tecnologías
Los debates por la redacción y posterior aprobación de la Ley 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual en el 2010 pusieron en evidencia la necesidad de regular el mercado para asegurar la diversidad cultural y geográfica en las pantallas.
A partir de la exigencia de cuotas de pantalla y gravámenes destinados al fomento de producciones locales, se asegura el derecho de las audiencias a tener acceso a una mayor diversidad de contenidos en un mercado que, de otro modo, tendería a la concentración y al monopolio.
“La industria local audiovisual necesita un incentivo permanente o la compensación de asimetrías de territorio, como lo necesitan la ganadería, la pesca, el trigo”, asegura Guillermo trello, “muchos de ellos tienen gravámenes directos sobre empresas que van a promover la industria, bueno, nosotros planteamos lo mismo”.
Un servicio audiovisual, ya sea un canal de cable o de streaming, recauda el dinero de un territorio a través de sus abonados. Al exigir impuestos o porcentajes de producciones locales, se procura que parte de ese dinero vuelva al territorio, generando contenidos locales y sosteniendo el trabajo de los profesionales que residan en la zona.
“Si las plataformas vienen al territorio nuestro solamente a distribuir, pero no pretenden producir, bueno, lo mínimo que hay que hacer es; primero, exigirles producción local, y segundo, instalar un gravamen por el uso del territorio. Es bastante racional, lógico y pasa en todos los países del mundo”, concluyó Guillermo.
Pero en las discusiones por la Ley 26.522 no se contempló la llegada de plataformas de streaming, como Netflix, Amazon o HBO, que al no estar comprendidas dentro del marco de la ley, generarían una disparidad entre una parte de la industria que se encuentra regulada y otra que no.
El derecho a una comunicación diversa y regional
Los canales de televisión están obligados a cumplir una serie de normativas que son importantes para cada uno de los públicos y las regiones, como por ejemplo, cumplir con una cuota de contenido infantil o apto para todo público u otra cuota de informativos sobre eventos de interés público.
En cambio, las plataformas actualmente no tienen la obligación de cumplir con ninguna de estas condiciones ni pagan los cánones establecidos por el servicio. “Por lo tanto es la audiencia de la plataforma digital aún más perjudicada”, explica Trello, “pagan un servicio que tiene indirectamente un subsidio del Estado muy grande y no ven ningún beneficio regional o local”.
Atendiendo a esta problemática, desde el 2014 Alemania le exige a los servicios de streaming un 2,5% de los ingresos generados en el país para reinvertirse en el financiamiento de películas y series locales.
Si por un lado esta desregulación provoca que gran parte de la industria invierta en las nuevas tecnologías para entrar en el lado no regulado del mercado, resulta perjudicial para las pequeñas productoras locales a la hora de negociar su presencia en las pantallas digitales. Si el canal no está obligado a incorporar un porcentaje de producción local, las productoras deben venderse más barato por tener que competir con productoras a nivel mundial.
FRANCIA, ESPAÑA y SUIZA están entre los primeros países que regulan y ponen impuestos específicos a las plataformas de streaming.
En esta nota está el caso francés y links a las medidas en Suiza y España, más el debate que debiera comenzar ya en Argentinahttps://t.co/jSU4Gghtsp pic.twitter.com/3bqVUleUQO— Diego Batlle (@dmbatlle) July 1, 2021
Es por eso que desde el 2018 el Parlamento Europeo aprobó una normativa que obliga a las plataformas de streaming a ofrecer un mínimo del 30% de producción europea en sus catálogos. Este año, México también está discutiendo una ley que obligue a las plataformas a garantizar un 15% de producciones nacionales.
Contando con que Argentina ya tiene una normativa que regula los medios tradicionales en este sentido, para Guillermo y muchos trabajadores de la industria audiovisual, es necesario modificar estas normas para que alcancen a las normas vigentes para que alcancen a las nuevas plataformas.
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