El incendio en el Club Andino Piltriquitrón en El Bolsón volvió a poner en la agenda pública los conflictos de tierras que tiene la comunidad mapuche en la provincia de Rio Negro. Orlando Carriqueo, presidente de la coordinadora del parlamento mapuche, habló con NEA HOY sobre las acusaciones y estigmatizaciones que las comunidades vienen sufriendo cada vez que se producen estos incidentes.
Métodos históricos de criminalización
Orlando sospecha cada vez que se producen incendios cerca de una comunidad mapuche que está en disputa por su territorio. Según dice, inculpar a las comunidades de actos vandálicos es un método histórico para echarlos de sus tierras.
“Antes, el estanciero iba, enterraba los cueros fuera del alambre, donde estaba la familia mapuche, denunciaba en la policía que le habían robado los animales, e iba con la policía a desenterrar los cueros que él mismo había enterrado. Esa historia nosotros la vivimos mucho”, recuerda.
Antes de las acusaciones, la policía ya tenía cercada a la comunidad mapuche Lof Quempquemtreu, no permitiendo la entrada de alimentos ni abrigo. Después de las acusaciones, se procedió a avanzar sobre la comunidad en un operativo que a Orlando le recordó al que costó la vida de Rafael Nahuel.
“Cuando se quiere deslegitimar los reclamos de las comunidades mapuche-tehuelche se usa el discurso del terrorismo y de la violencia”, asegura. “Nosotros repudiamos los ataques incendiarios, pero exigimos al gobierno que esclarezca los hechos y que a partir de ahí acuse, pero que no acuse en conferencia de prensa con un panfleto sin una investigación seria”.
La Coordinadora del Parlamento Mapuche-Tehuelche denunció a Weretilneck, Pichetto y Bullrich por «discriminación»https://t.co/fw9e7s4auc
— Agencia Télam (@AgenciaTelam) March 18, 2021
Pueblos preexistentes
Las acusaciones hacia la comunidad mapuche alcanzaron la esfera mediática. En redes sociales y en los principales diarios del país se reprodujeron expresiones discriminatorias hacia la comunidad mapuche.
El reconocimiento de la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos es un deber constitucional del estado. Así lo dispone el artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional.
Al no poder negar un mandato constitucional, lo que intenta hacer el discurso mediático es poner en duda esta preexistencia. En medios y redes sociales se están difundiendo informes dudosos acompañados de mapas falsos que intentan instalar la idea de que los mapuches son un pueblo originario chileno que llegaron al territorio argentino en 1930.
Científicos del CONICET han respondido numerosas veces a esta polémica, que resurge cada vez que hay un conflicto de tierras en el sur. En un artículo del 2017, Julio Vezub recordó que “La expansión de la Argentina hacia la Patagonia data de las décadas de 1870 y 1880, por lo tanto, el territorio argentino no siempre fue ‘nuestro’, y es resultado de conquistas a expensas de las poblaciones originales, mapuches y tehuelches.”
A su vez, la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN) repudió las manipulaciones mediáticas acusándolas de “burdas operaciones periodísticas que construyen una agenda para perseguir y judicializar a las comunidades originarias que reclaman por sus derechos”.
Repudiamos las manipulaciones de medios para criminalizar al pueblo mapuche 🔴
— FATPREN (@PrensaFATPREN) October 25, 2021
Los instrumentos
El marco ordenador de estos conflictos es la Ley 26.160 de “emergencia territorial indígena”, vigente desde el 2006, que suspende la ejecución de desalojos y ordena realizar un relevamiento técnico, jurídico y catastral de las Comunidades Indígenas y en caso de corresponder, de tierras ocupadas por las mismas de forma actual, tradicional y pública.
Pero la ejecución de estas medidas implica el compromiso de la provincia en donde se realiza el relevamiento. De acuerdo al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), la provincia de Río Negro no está aplicando la Ley.
“La provincia se niega a firmar el relevamiento territorial de la Ley 26.160, tiene desfinanciado el CODESI, que es el organismo de cogestión”, asegura Orlando, “a veinte días de asumido el gobierno nosotros como organización nos juntamos en una jornada con el gabinete provincial recién asumido, y de los acuerdos que nosotros hicimos en ese momento no se cumplieron absolutamente nada”.
“Nosotros tenemos más de 40 conflictos territoriales judicializados, otros tantos que son administrativos, hay 120 denuncias en la Comisión Investigadora de Tierras que funcionó en la legislatura y que hoy están hace más de diez años en la fiscalía de estado y que no se resuelven”, aclara Orlando.
La provincia de Río Negro es el lugar donde mayormente se producen los conflictos de tierras con comunidades originarias. La escalada de estos conflictos está relacionado por un lado, los intereses que existen sobre estos terrenos y por el otro con la falta de voluntad y la desarticulación de los instrumentos que existen para mediar sobre ellos.
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