La Cámara de Diputados de Corrientes sancionó días atrás la Ley 6.556 del nuevo Código Procesal Civil y Comercial provincial por unanimidad: según especialistas, permitirá un acceso eficaz a la justicia, se protegerá el derecho a los más vulnerables y se lograrán procedimientos más sencillos y menos engorrosos para cualquier ciudadano.
La norma, que contiene más de 750 artículos, había reingresado a la Cámara de Diputados en abril, luego de que la Cámara de Senadores realizara modificaciones en un artículo.
El presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, Marcelo Chaín, explicó que se incorporó al nuevo Código las 100 reglas de Brasilia, una declaración efectiva en toda Latinoamérica de una política judicial con perspectiva garantista de los derechos humanos.
“Esta sanción es un trabajo inédito que marca tendencia en Argentina y Latinoamérica, que marca la tutela judicial efectiva que significa lisa y llanamente juicios justos”, aseguró Chaín ante la Cámara de Diputados.
Los beneficios que asigna el nuevo Código
Según explicó el diputado, el nuevo reglamento incorpora la tutela judicial efectiva y debido proceso, lo que cambia los paradigmas del antiguo Código.
A su vez, incorpora la oralidad e inmediación, la dirección judicial del proceso por parte del juez, el principio de aportación y el derecho de contradicción, la lealtad y buena fe procesal junto a la prevención y sanción del abuso procesal.
En este sentido, el diputado provincial Horacio Pozo señaló que “el nuevo Código Procesal Civil y Comercial incorpora economía, celeridad y concentración procesal, transparencia y publicidad, colaboración procesal y la notificación digital, entre otras facilidades”.
Repercusiones en el Poder Judicial
Distintos jueces y académicos de la Provincia de Corrientes se manifestaron por los beneficios del nuevo Código Procesal Civil y Comercial y afirmaron que se trata de una “modernización de la Justicia”.
El Presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Guillermo Horacio Semhan, expresó a medios locales: “El Código actual ya tiene 20 años y necesitaba una modernización, las normas procesales tienen que acompañar los cambios de la sociedad”.
El magistrado destacó que, por medio de consensos, el STJ introdujo muchos cambios al Código Procesal vigente como el protocolo de oralidad que se instrumentó en el año 2019 y ahora se plasmó por escrito en la Ley 6.556.
Además, Semhan explicó que, luego de la promulgación y reglamentación del Poder Ejecutivo, hay un plazo de seis meses para poner en vigencia la nueva norma.
En esta línea, se prevé la formación de una comisión con representantes de los tres poderes del Estado, de los Colegios de Magistrados, de Abogados y de las facultades de Derecho de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) y la Universidad de la Cuenca del Plata.
Por último, Semhan adelantó que el área de Capacitación “ya comenzó a estudiar y a practicar para implementar los nuevos Códigos” y advirtió que, para una aplicación plena, es necesario “modernizar las estructuras edilicias”.
Múltiples ventajas
“Uno de los objetivos fue reformular las estructuras procesales tal como las conocemos ahora, para tratar de eliminar formalidades innecesarias, acortar los procesos y cumplir con el postulado de plazo razonable en la duración de juicios”, dijo la titular del Colegio de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Corrientes, Luz Masferrer.
La funcionaria agregó que “la oralidad es un sistema que tiene múltiples ventajas”: “Permite la inmediación de las partes con el juez para precisar lo que piden y se puede establecer los hechos en discusión y las pruebas que se cuentan para avalar esos hechos”, explicó.
Además, la abogada reconoció que la norma permitirá que en “las audiencias se pongan de acuerdo en las pruebas que se van a producir, para hacerlas efectivas en la segunda audiencia y de allí pasar a la sentencia”.
Masferrer mencionó que el proceso abreviado y el monitorio, en determinadas causas pequeñas o en las que se analizan documentos, pueden acortar sensiblemente los plazos para dictar sentencia.
Uso de tecnologías
“Un elemento esencial para que la Ley 6.556 funcione de la manera que se espera es tener la tecnología suficiente y adecuada”, opinó Masferrer y agregó que “es importante que se tenga la videograbación de las audiencias, que no haya dudas de lo que se probó y qué dijeron los testigo y que todo sea compatible con el expediente digital”.
Por último, la titular del Colegio de Magistrados y Funcionarios Judiciales afirmó que “los nuevos procesos orales harán necesarios más jueces que tomen las decisiones para que efectivamente se pueda ver que se produce la ventaja del procedimiento más corto”.
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