El Gobierno Provincial lleva adelante acciones para solucionar los problemas habitacionales en distintos puntos de la Ciudad de Corrientes. A principios de octubre, mediante la sanción de dos leyes en la Legislatura correntina, se iniciaron los procesos de planificación urbana en dos asentamientos.
Los problemas habitacionales afectan actualmente a unos 50 barrios de la capital. Durante la pandemia de COVID-19 esta situación se acrecentó debido a la llegada de nuevas familias a los asentamientos.
En el barrio Quilmes, precisamente en el predio denominado “Las del Monte”, conviven desde 2015 más de 100 grupos familiares. En el barrio Molina Punta el problema habitacional se remonta a mediados de los ‘90; allí, unas 200 familias habitan un terreno de seis hectáreas aproximadamente.
En abril, a poco tiempo de decretarse el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO), un pedido judicial de desalojo impulsó a los legisladores correntinos a actuar para evitar el retiro de los ciudadanos en medio de la pandemia.
Fue entonces que, con apoyo del oficialismo y la oposición, ingresó a la Legislatura correntina un proyecto de expropiación presentado por el Poder Ejecutivo Provincial, que fue convertido en ley a principios del mes.
Hace pocos días, el Gobernador Gustavo Valdés promulgó las Leyes 6.541 y 6.542 mediante los decretos 1.961 y 1.962, respectivamente. A través de las mismas, se declara “de interés público y sujeto a expropiación los terrenos situados en los barrios Quilmes y Molina Punta”.
Según se establece, la declaración de utilidad pública tiene por objeto la división y parcelamiento de los inmuebles a los fines de su donación a los actuales poseedores, la formulación y ejecución de acciones de urbanización y la erradicación de las viviendas precarias existentes, para la posterior construcción de viviendas aptas para el hábitat.
Cabe acotar que la planificación urbana comprende obras de cloacas, agua potable, electricidad, mejoramiento del hábitat y, además, el otorgamiento del título de propiedad.
Mediante la sanción de las leyes, se faculta al Poder Ejecutivo para que, a través del Instituto de Vivienda de Corrientes (INVICO), en coordinación con la Dirección General de Catastro y Cartografía de la Provincia, se proceda a la verificación del estado de ocupación de los inmuebles, la determinación de los donatarios y la planificación de las acciones de urbanización.
El Subsecretario de Derechos Humanos de la Provincia, Manuel Cuevas, fue quien estuvo a cargo de elaborar el proyecto de ley de expropiación para presentarlo al Gobernador, luego de reunirse con las familias en ambos barrios. Junto al funcionario, estuvieron los senadores Martín Barrionuevo y Noel Breard.
Cuevas se reunió también con el abogado de la antigua propietaria de los terrenos del barrio Quilmes para solicitarle que dejara sin efecto el desalojo. Tanto la expropietaria de estos terrenos, como los del barrio Molina Punta, serán recompensados por el Estado Provincial debido a la expropiación.
Por su parte, en los primeros meses de trabajo en torno a la crisis habitacional, el Senador provincial Martín Barrionuevo señaló: “Los barrios Quilmes y Molina Punta se encuentran dentro de los denominados barrios populares por la Ley Nacional 27.453, por lo que no pueden ser desalojados”.
Las leyes sancionadas por la Legislatura correntina y promulgadas a través de los decretos del Gobernador Valdés son una respuesta contundente a la crisis habitacional que viven los vecinos de los barrios Quilmes y Molina Punta.
De esta forma, se atiende una cuestión presente desde hace varios años. Sin dudas, el trabajo de los partidos oficialistas y opositores debe ser, más que nunca, en conjunto, para proveer soluciones eficaces.
ADEMÁS EN NEA HOY:
Gildo Insfrán firmó un convenio con Alberto Fernández para reactivar obras de viviendas en Formosa
Usurpaciones: el Gobierno del Chaco propone crear un Banco de Tierras
