Cuando Scalabrini Ortiz recorrió el trazado del ferrocarril de propiedad británica en Argentina, comprendió que esta forma de embudo que desemboca en el puerto de Buenos Aires subordinaba la capacidad unificadora de las vías férreas al objetivo de drenar las riquezas hacia afuera.
La infraestructura nunca es neutral. Es la forma física de un modelo económico, y quien dibuja el mapa decide el modelo.
Hoy las necesidades son otras: caminos mineros, cursos de agua, tendidos de fibra óptica que alimentan a los centros de datos. Y, previamente, el andamiaje legal y territorial de un modelo extractivo pensado, otra vez, en otra parte: litio, energía, datos. La reforma de la ley de tierras que el Senado trata esta semana es la pieza que faltaba para despejar el terreno.
La gente le dice «ley de tierras», si bien el gobierno la llama Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que deroga los límites de la Ley 26.737, sancionada en 2011 y vigente hasta hoy. Ese renombramiento constituye en sí mismo una operación cultural: el territorio reducido a propiedad, que es apenas una categorización del mercado.
Es la tercera pata de un mismo plan. Los tres factores clásicos de la producción —tierra, trabajo y capital— desregulados casi en simultáneo y ofrecidos al mismo destinatario. El Súper RIGI ofrece a inversiones superiores a los mil millones de dólares —centros de datos, inteligencia artificial, baterías de litio— una alícuota de Ganancias del 15% y estabilidad tributaria por treinta años: ese es el capital. La Ley de Modernización Laboral, sancionada en febrero, que abarata el trabajo. Y ahora la tierra.
Ese destinatario tiene nombre y método. Peter Thiel fue recibido en la Casa Rosada poco antes del anuncio del Súper RIGI; detrás asoman el proyecto de Altman para el sur y la mirada de Musk sobre la energía y el litio. Y cuando el propio Presidente titula una columna en el Financial Times «Argentina invites AI to free itself», la palabra «liberación», como diría Don Arturo Jauretche: vestir la entrega con el lenguaje de la libertad.
El proyecto traslada a las provincias la autoridad de aplicación: fragmenta la decisión sobre el suelo, la vuelve negociable pieza por pieza. Es, en estado puro, la balcanización, como llamó Abelardo Ramos al método usado siempre contra la Patria Grande —dividir para poder comprar—. Y ocurre en un momento particular. El mundo se está reordenando en bloques; los BRICS+ expresan una multipolaridad que, por primera vez en mucho tiempo, le daría a la periferia margen para negociar entre potencias en lugar de arrodillarse ante una.
Argentina eligió el camino inverso: rechazó en 2023 la invitación a integrar ese bloque, y hoy se fragmenta hacia adentro mientras se ata a un solo polo. El gesto se vuelve nítido en la letra de la ley, que bloquea la compra por parte de Estados extranjeros —léase China— y al mismo tiempo abre la puerta de par en par al capital privado del Norte. La soberanía invocada como coartada de la soberanía entregada.
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Se dirá que el temor es exagerado, que apenas el 6% de la tierra rural está hoy en manos extranjeras, muy por debajo del tope legal. Pero el promedio esconde lo esencial: no se trata de cualquier hectárea, sino de las que están sobre el agua, el litio y la frontera, exactamente las que ese modelo necesita.
El tema no es exclusivamente económico y político. Es profundamente cultural. Una cuestión es la disyuntiva nacional vs. extranjero, y otro enfoque, el que involucra profundamente lo cultural, es el de territorio habitado vs. tierra-mercancía. Lo anticultural no es que el comprador sea de afuera; es la abstracción: convertir un mundo vivido, trabajado, en un activo financiero fungible. Hay quienes insisten en que se trata, al fin, de bienes comunes —agua, alta montaña, minerales— que nadie creó con su trabajo y que forman parte de un patrimonio compartido.
Lo telúrico —el vínculo hondo de un pueblo con su tierra como matriz de lo que es— no riñe con la tecnología: riñe con la entrega. Scalabrini no quería menos ferrocarriles, quería ferrocarriles argentinos; del mismo modo, la cuestión no son las granjas de servidores ni las minas, sino si un Estado presente las pone al servicio del pueblo o si el suelo se abandona como sustrato de un modelo ajeno. El Observatorio de Tierras de la UBA lo llamó, en la misma línea de precisión scalabriniana, «un nuevo estatuto legal del coloniaje». Tremenda paradoja: la patria que se invoca en los símbolos es la que se está aniquilando.
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