Este año, Argentina ingresó al temible grupo de los 10 peores países del mundo para los trabajadores, según el Índice Global de los Derechos elaborado por la Confederación Sindical Internacional (CSI), ubicándose así en la categoría 5, el nivel más bajo de todos, reservado para los Estados donde los derechos laborales fundamentales no están garantizados. Lo más preocupante de la noticia es que en tan sólo 2 años, Argentina pasó de la categoría 3 a la categoría 5. De acuerdo con la CSI, es uno de los retrocesos más pronunciados que hayan registrado y coincide con la gestión de Javier Milei.
El Índice Global de los Derechos analiza anualmente la situación de 151 países a partir de 97 indicadores basados en convenios y jurisprudencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). En su edición 2026, Argentina aparece junto a Belarús, Ecuador, Egipto, Eswatini, Myanmar, Nigeria, Panamá, Túnez y Turquía entre los países con peores condiciones para los derechos laborales. La CSI destacó además que Argentina fue uno de los 4 países cuya calificación empeoró este año, junto con Albania, Francia y Panamá.
El deterioro de los derechos laborales
Una de las cosas que señala el informe es que la caída de Argentina está vinculada a la llegada de Milei a la Casa Rosada. El documento sostiene que durante este período se impulsaron reformas que afectaron la negociación colectiva, la actividad sindical y el derecho a la protesta. Además, remarcaron que se redujeron espacios de diálogo social y que se avanzó sobre mecanismos que aseguraban un sistema efectivo para las relaciones laborales.
El documento hace hincapié en la reforma laboral que se aprobó hace un par de meses. Ya desde antes de pasar por el Congreso, la Confederación General del Trabajo (CGT) había calificado a la misma como un “ataque directo a los derechos fundamentales de los trabajadores”, sosteniendo que la reforma parte de una concepción que entiende al trabajo como un costo económico antes que como un derecho que tiene que ser protegido constitucionalmente.
Otra de las cosas que señala es que se aumentó la cantidad de “servicios mínimos obligatorios”, haciendo que muchas más profesiones que antes no puedan detener su actividad aún para reclamar. Tanto la CSI como las organizaciones laborales locales afirman que estas modificaciones limitan el alcance de las medidas de fuerza, haciendo que los trabajadores pierdan una de sus únicas herramientas para hacer cumplir sus derechos. El informe también menciona cambios vinculados al funcionamiento de las organizaciones sindicales y a las condiciones en que se desarrollan las negociaciones colectivas.
La reglamentación de la reforma laboral
Por otra parte, la sincronización de los eventos es asombrosa. La publicación del informe coincidió casi perfectamente con el anuncio del Gobierno Nacional del avance en la reglamentación de varios capítulos de la reforma laboral, en particular, del Fondo de Asistencia Laboral. El FAL, como es más conocido, comenzará a regir a partir del 1 de noviembre y modifica el esquema tradicional de financiamiento de las indemnizaciones por despido.
El mecanismo prevé la creación de fondos específicos financiados por los empleadores y administrados bajo supervisión de la Comisión Nacional de Valores (CNV). Desde el oficialismo siempre vendieron esta idea como una forma de “terminar con la industria del juicio”, pero los especialistas en derecho laboral no están de acuerdo. El abogado Gonzalo Benedetti advirtió que el nuevo esquema podría afectar el financiamiento de la seguridad social al desviar recursos hacia fondos privados. Por su parte, el abogado Julián Hofele sostuvo que el sistema podría entrar en conflicto con la garantía constitucional de protección contra el despido arbitrario.
Las críticas también alcanzan otros aspectos de la reforma. Por ejemplo, las modificaciones en el cálculo de determinadas indemnizaciones, cambios en la responsabilidad solidaria de las empresas y las nuevas regulaciones sobre las facultades patronales para introducir modificaciones en las condiciones de trabajo. Varios especialistas anticiparon que varias de estas disposiciones podrían derivar a, ironicamente, una ola de juicios laborales.
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Blanqueo laboral y conflictos sindicales
Otro de los ejes de la reforma es el Régimen de Promoción del Empleo Registrado (PER), destinado a regularizar relaciones laborales no registradas o deficientemente registradas. La iniciativa promete amplias condonaciones de deuda a los empleadores que se adhieran al programa. Dependiendo del tamaño de la empresa, los beneficios pueden alcanzar entre el 70% y el 90% de las obligaciones pendientes, además de la eliminación de determinadas sanciones.
El Gobierno insiste con que esta medida va a llevar a un aumento de la formalización del empleo y más registros laborales, pero los especialistas señalan que si se eliminan las sanciones, no hay incentivo para que los empleadores registren a sus trabajadores. Además, ven al blanqueo laboral como un premio para los empleadores que incumplieron la legislación laboral y previsional.
Según el informe de la CSI, el Gobierno Nacional otorgó mayores facultades a las fuerzas de seguridad para intervenir en manifestaciones e incorporó mecanismos que podrían desalentar la participación en protestas vinculadas a conflictos laborales. La organización afirmó que durante las protestas registradas en 2025 hubo más de 1.350 personas heridas, entre ellas jubilados.
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