El gobernador Leandro Zdero derogó finalmente la normativa que limitaba la valoración de postítulos docentes en la provincia de Chaco, luego de los reiterados fallos del Superior Tribunal de Justicia que declararon inconstitucional la medida. La decisión representa un retroceso político para la gestión provincial, que había defendido la reforma como parte de un supuesto ordenamiento del sistema educativo.
El STJ volvió a fallar contra las restricciones
La polémica comenzó cuando el Ministerio de Educación chaqueño impulsó resoluciones que establecían un tope anual para el reconocimiento de postítulos y capacitaciones docentes en los concursos de interinatos y suplencias. El argumento oficial apuntaba a “equilibrar” el sistema de puntajes y evitar desigualdades entre docentes.
Sin embargo, el Superior Tribunal de Justicia del Chaco consideró que la medida afectaba derechos adquiridos y desalentaba la formación continua. En distintos fallos, la mayoría del tribunal sostuvo que el Gobierno provincial no logró demostrar que la restricción fuera razonable ni proporcional.
Además, los jueces remarcaron que el Estatuto Docente promueve la capacitación permanente y que el Estado debería incentivar la formación académica, no limitarla. La resolución judicial también cuestionó que las nuevas reglas se aplicaran sobre trayectorias formativas ya realizadas por miles de trabajadores de la educación.
Marcha atrás del Gobierno provincial
Tras el nuevo revés judicial, la administración de Leandro Zdero resolvió derogar el límite impuesto a los postítulos. La decisión buscó cerrar un conflicto que se había profundizado durante los últimos meses y que generó fuerte rechazo gremial.
Distintos sectores docentes venían advirtiendo que la medida afectaba directamente las posibilidades de ascenso, titularización y acceso a cargos. También cuestionaban la falta de diálogo previo con sindicatos y trabajadores antes de modificar criterios históricos de clasificación.
Aunque el Gobierno intentó presentar la derogación como una adecuación institucional tras el fallo del STJ, en el ámbito educativo la decisión fue interpretada como una rectificación forzada. La marcha atrás llegó después de varias sentencias adversas y de una creciente presión sindical y judicial.
Un conflicto que dejó desgaste político
El episodio volvió a exponer tensiones entre el Ejecutivo provincial y los gremios docentes. Durante el conflicto, distintos sindicatos acusaron a la gestión de avanzar con medidas inconsultas y de intentar ajustar el sistema educativo bajo argumentos administrativos.
La controversia también dejó en evidencia dificultades del Gobierno chaqueño para sostener reformas sensibles sin consenso previo. En un contexto económico complejo y con reclamos salariales todavía abiertos, el enfrentamiento con el sector docente sumó otro foco de desgaste para la administración provincial.
Mientras tanto, los docentes que iniciaron los amparos judiciales deberán recuperar el reconocimiento pleno de sus antecedentes académicos y postítulos en los listados de clasificación vigentes.
Fuente: Perfil NEA
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