La figura de José Alejandro Fernández Codazzi no es nueva para la opinión pública de Corrientes. Su nombre apareció en expedientes de fuerte impacto político y mediático, desde la desaparición de Loan Danilo Peña hasta la defensa del líder de Generación Zoe, Leonardo Cositorto. También fue cuestionado por irregularidades durante su paso por el Registro Automotor de Esquina y por sus conexiones políticas y familiares con sectores cercanos al poder provincial.
La situación judicial de Codazzi se agravó luego de que la investigación por la desaparición de NSR determinara que el abogado trasladó en su camioneta al niño y a su padre, Josías Santos Regis, hasta la localidad de San Isidro, en Goya.
El propio abogado reconoció haber realizado el traslado. A partir de relevamientos de cámaras de seguridad y allanamientos realizados en su estudio jurídico, la Justicia lo imputó por encubrimiento agravado y sustracción de menores en calidad de partícipe necesario.
Actualmente, el Tribunal de Revisión de Mercedes debe resolver si ratifica la prisión domiciliaria otorgada por el juez de Garantías de Esquina, Jorge Gustavo Vallejos, o si Codazzi será trasladado a la Unidad Penal N°6 de San Cayetano. La audiencia se realiza este lunes 11 de mayo de manera virtual.
El rol de Codazzi en el caso Loan
Pero el nombre del abogado ya arrastraba una fuerte carga pública desde 2024, cuando intervino en una de las declaraciones más polémicas del caso por la desaparición de Loan Danilo Peña.
Codazzi fue quien acompañó a Laudelina Peña a declarar ante la Justicia provincial en Corrientes capital, pese a que la investigación ya estaba en manos de la Justicia Federal. Allí se instaló la teoría de que Loan había sido atropellado por el matrimonio integrado por Carlos Pérez y María Victoria Caillava.
Aquella hipótesis fue rápidamente respaldada públicamente por el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, quien incluso publicó un mensaje en redes sociales celebrando “un gran paso” en la resolución del caso.
Sin embargo, con el correr de los días, la versión comenzó a derrumbarse. La propia hija de Laudelina, Macarena Peña, denunció públicamente que su madre había sido presionada para sostener esa declaración.
Los vínculos políticos y familiares
La figura de Codazzi también quedó bajo la lupa por sus conexiones políticas en Corrientes. Su esposa, Guillermina Traverso, pertenece a una familia vinculada históricamente al espacio político ELI (Encuentro Liberal), cercano al oficialismo provincial. Su padre, Ernesto Traverso, fue dirigente político y funcionario municipal en Esquina.
Además, trascendieron imágenes y vínculos públicos entre integrantes de la familia Fernández Codazzi y el entorno político del ex gobernador Gustavo Valdés. La cercanía política tomó mayor relevancia después del escándalo por la declaración de Laudelina, especialmente porque el entonces ministro de Seguridad provincial, Buenaventura Duarte, también quedó cuestionado por el manejo inicial del caso Loan.
Del Registro Automotor a las causas de alto impacto
Antes de quedar expuesto mediáticamente por el caso Loan, Codazzi ya había atravesado cuestionamientos institucionales.
Se desempeñó como interventor del Registro Automotor de Esquina, cargo del que fue desplazado en 2018 tras detectarse numerosas irregularidades administrativas. Entre ellas, figuraban cientos de trámites ingresados sin formularios correspondientes ni controles de deuda, pese al cobro de aranceles.
En paralelo, construyó una carrera ligada a causas judiciales de fuerte repercusión pública. Fue abogado defensor en el denominado “Caso Corrado” y también integró el equipo defensor de Leonardo Cositorto en Corrientes durante el juicio por la estafa piramidal de Generación Zoe.
Otro de los antecedentes que aparecen en el recorrido profesional de José Alejandro Fernández Codazzi es su participación como defensor en una causa de abuso sexual infantil que tuvo fuerte repercusión en la provincia. En mayo de 2024, actuó como abogado de Leonel Alberto Sánchez, quien finalmente fue condenado a 14 años de prisión por el delito de “abuso sexual con acceso carnal agravado por el aprovechamiento de la convivencia preexistente con la víctima”, en modalidad de delito continuado contra una niña.
Ahora, mientras la Justicia define su situación procesal en la causa por la sustracción de NSR, su nombre vuelve a ocupar el centro de un debate más amplio: el de las conexiones entre poder político, operadores judiciales y expedientes que conmocionan a la sociedad correntina.
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