Una denuncia penal presentada en la provincia de Formosa puso bajo la lupa a referentes de La Libertad Avanza (LLA) por la presunta falsificación de fichas de afiliación, en un caso que podría derivar en consecuencias judiciales y electorales para el espacio político. La presentación fue impulsada por la dirigente radical Elena María Piombino, vicepresidenta primera de la Unión Cívica Radical (UCR) en Formosa, quien aseguró haber sido afiliada al partido libertario sin su consentimiento. Según consta en la denuncia, la maniobra habría afectado su participación en los procesos internos de su fuerza política.
El caso tomó estado público luego de que Piombino, con militancia en la UCR desde 1986, intentara verificar su situación en el padrón partidario de cara a próximas internas. Al no figurar en los registros del radicalismo, acudió a la justicia electoral, donde constató que aparecía como afiliada a LLA.
El abogado defensor de la dirigente, Juan Cruz Fernández, explicó en un programa radial local que la denuncia encuadra en los delitos de falsificación de documento, falsedad ideológica y uso de documento falso. De acuerdo a su planteo, la presunta maniobra no se trataría de un error administrativo, sino de un procedimiento que incluyó la confección de documentación apócrifa, entre ella una supuesta renuncia al partido de origen. En ese sentido, la presentación judicial señala a Pablo S. Míguez como uno de los involucrados, en carácter de «autoridad certificante» de la ficha cuestionada. También se menciona a Esteban López Tozzi, apuntado por su presunta participación en la validación de la documentación.
Según el letrado, ya se iniciaron acciones tanto en la justicia ordinaria provincial como en el fuero federal, donde se prevé la realización de pericias caligráficas para determinar la autenticidad de las firmas incluidas en las planillas de afiliación.
Desde sectores del radicalismo sostienen que el caso podría no ser aislado y plantean la posibilidad de una práctica más amplia para sumar afiliados de manera irregular. En esa línea, solicitaron una auditoría integral del padrón partidario de LLA en la provincia.
Uno de los aspectos señalados en la denuncia es el eventual impacto institucional que podría tener el caso. De comprobarse la existencia de afiliaciones fraudulentas en forma sistemática, se podría revisar el cumplimiento de los requisitos legales para el reconocimiento del partido. En Formosa, la normativa exige un mínimo de afiliados para sostener la personería jurídica.
La investigación se encuentra en curso y será la justicia la encargada de determinar la veracidad de los hechos denunciados, así como las eventuales responsabilidades penales y consecuencias administrativas derivadas del caso.
Fuente: Opinión Ciudadana y Diario Express
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