El trágico final de Ángel, el niño de 4 años en Comodoro Rivadavia, ha puesto bajo la lupa el accionar de la Asesoría de Familia y los organismos de protección de la niñez. Uno de los ejes de la controversia radica en las decisiones judiciales tomadas meses atrás, las cuales determinaron el entorno en el que el niño debía convivir, marco donde finalmente falleció.
El fiscal del caso informó que estaba a la espera de los resultados de la autopsia para determinar la causa de muerte, aunque sí confirmó que detectaron lesiones en la cabeza, pero que aún no se pueden afirmar que el trágico desenlace se debió a esto. Lo cierto es que hay un entorno familiar complejo, con denuncias cruzadas entre la madre, Mariela Altamirano, y el padre biológico de Ángel.
En medio, según se aseguró desde los medios, se acusa que el chico llegaba al jardín con lesiones y que era maltratado.
El conflicto de guarda y las denuncias cruzadas
La situación legal de Ángel dio un giro definitivo en noviembre de 2025. Hasta ese momento, el niño se encontraba en un entorno familiar marcado por la separación de sus padres biológicos y fuertes tensiones internas.
Juan Pablo Pérez, de la Justicia de familia de Comodoro, decidió restituir la tenencia a su madre biológica, Mariela Altamirano, tras una serie de denuncias presentadas por ella contra el padre del menor, Luis. Según los informes judiciales de aquel entonces, la madre denunció al progenitor por maltrato físico hacia el niño y por problemas de adicciones, lo que motivó la intervención urgente de los asesores de familia. La prensa señala también que Altamirano había sido apartada por maltratos de otro hijo, pero de esto no se confirmó oficialmente o si se tuvo en cuenta para decidir la revinculación.
Altamirano pasó tiempo sin tomar contacto con el menor y según aseguró: «Yo estaba pasando cuota alimentaria por el nene. No es que ellos (López y su pareja) me pedían a mí o que yo le pedí a ellos plata: ellos me enviaron una carta de embargo y me empezaron a sacar del sueldo. Yo nunca tuve problema de pasarle plata a mi hijo, porque es mi hijo».
Medidas de restricción y protección
Para garantizar la seguridad del menor en aquel contexto, la Justicia no solo otorgó la guarda a Altamirano, sino que también aplicó medidas de protección estrictas:
- Restricciones de acercamiento: Se dictaron prohibiciones de contacto contra el padre biológico.
- Alcance de las medidas: Estas restricciones se hicieron extensivas a la pareja del padre, Lorena Andrade, alejando así a Ángel de ese núcleo familiar de forma legal.
El objetivo de los tribunales era, supuestamente, extraer al niño de un ambiente que consideraban de riesgo debido a las acusaciones de violencia física en el entorno paterno, buscando en el hogar materno el bienestar y la protección necesaria. En este sentido, lo llamativo es que en un principio a la madre biológica se la había apartado por supuestos hechos de violencia. Lo cierto es que el menor terminó bajo la custodia de su progenitora y la pareja de ella.
El vencimiento de las medidas y el desenlace
Tras el vencimiento de las medidas cautelares en febrero de 2026, la situación de convivencia no se modificó: Ángel continuó bajo el cuidado de Mariela Altamirano. Sin embargo, el desenlace de su muerte ocurrida recientemente ha generado interrogantes sobre la eficacia de los informes ambientales y psicológicos que avalaron dicha restitución.
«Yo no maté a mi hijo», sostuvo Altamirano ante los medios, mientras la justicia y los servicios de protección de la niñez ahora enfrentan una investigación interna para determinar si el seguimiento del caso fue el adecuado o si se omitieron señales de peligro en el hogar donde finalmente se produjo el deceso.
La comunidad de Comodoro Rivadavia aguarda ahora que las pericias esclarezcan los hechos, mientras el sistema judicial se ve obligado a responder por sus protocolos de actuación en casos de restitución de menores.
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