El planteo contra Tapebicuá fue realizado por el apoderado legal del gremio, Sebastián Costa, mediante un escrito dirigido al síndico interviniente. En la presentación se describen «hechos de gravedad extrema» que comprometerían activos que forman parte del patrimonio de la firma y que constituyen la garantía de cobro para los acreedores. También se pidió un embargo a Celulosa Argentina de $400.000.000 para el pago de salarios y cobertura médica a los más de 400 operarios de la firma ubicada en Gobernador Virasoro, Corrientes.
De acuerdo con la denuncia, personal jerárquico y encargados de la empresa estarían utilizando vehículos pertenecientes a Tapebicuá «principalmente camionetas y pick-ups» de forma «clandestina y para fines particulares», sin relación con tareas de administración o preservación del patrimonio empresarial.
Riesgo patrimonial y denuncias por desvío de bienes en la empresa
El documento sostiene que en algunos casos los rodados ni siquiera regresarían a la planta de Tapebicuá al finalizar la jornada laboral, perdiéndose el control sobre su ubicación y uso. Para el sindicato, esta situación pone en riesgo bienes que deberían resguardarse en el marco del proceso concursal.
Uno de los puntos más sensibles señalados en el escrito indica que uno de los responsables de la firma habría iniciado recientemente un emprendimiento privado en la zona y estaría utilizando los mismos vehículos de la empresa para actividades vinculadas a ese negocio particular. Para la organización gremial, esto podría configurar un desvío de bienes en beneficio personal y en perjuicio de la masa de acreedores.
La presentación también advierte que parte del parque automotor estaría circulando sin cobertura de seguro, lo que implicaría un riesgo patrimonial adicional para la compañía. En caso de producirse un accidente, la empresa podría enfrentar nuevos pasivos posteriores al concurso, agravando aún más su situación económica. En ese contexto, el sindicato remarca que los créditos laborales de más de 400 trabajadores tienen carácter alimentario y representan una de las principales acreencias dentro del proceso.
Frente a este escenario, se solicitó la intervención urgente de la Justicia y el dictado de una medida cautelar de secuestro preventivo de todo el parque automotor registrado a nombre de Tapebicuá, con el objetivo de resguardar los bienes y evitar su deterioro o eventual pérdida.
Además, pidieron que el directorio sea intimado a presentar en un plazo de 24 horas un inventario completo de los vehículos, detallando su ubicación, responsables a cargo y estado de las pólizas de seguro.
Fuente: Corrientes Hoy / Diario Época
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