Agostina Páez, la abogada santiagueña de 29 años acusada de racismo, enfrentó esta tarde el inicio formal del juicio en su contra en los tribunales de Río de Janeiro, que originalmente incluía una pena potencial de hasta 15 años de cárcel. El final fue feliz para la argentina ya que podrá volver al país. Durante la primera audiencia, la fiscalía brasileña redujo el pedido de condena de tres delitos a uno, con una pena mínima que podría compensarse con servicios comunitarios y el pago de resarcimiento a la víctima, según explicó Carla Junqueira, abogada de la acusada, a la salida de la audiencia.
“En estos días me van a dejar volver a casa”, dijo Agostina Páez, aliviada, al salir de la sesión, que se extendió por más de tres horas. “Le dije al juez la verdad, en todo momento la verdad. Le pedí perdón a las víctimas”, sumó.
La fiscalía pidió que Paéz indemnice con cerca de US$50.000 a cada una de las víctimas. La condena se transforma, de esta forma, en un resarcimiento. El juez, en tanto, todavía no se expidió. Los montos finales se sabrán tras la firma de la resolución, que se espera que tenga lugar en los próximos días y que determine, a su vez, la instrumentación de la salida del país de Páez.
La reducción de tres delitos a uno era uno de los objetivos centrales de la defensa, liderada por Junqueira, para destrabar el regreso de Páez a la Argentina. “Estamos muy conformes con el resultado”, afirmó la abogada, quien abandonó el edificio judicial entre sonrisas y gestos de distensión, acompañada por su defendida y el abogado Sebastián Robles.
“Entramos esperando una pena de al menos dos años, con cumplimiento efectivo en Argentina. Pero la fiscal entendió que el pedido de disculpas significó que Agostina entendió lo que significa para Brasil el racismo”, explicó Junqueira. “Fue una primera etapa exitosa. Ahora necesitamos cumplir los trámites para que se haga efectivo el retorno”, sumó.
Dentro del juzgado, Páez estuvo acompañada por Junqueira y el cónsul argentino adjunto en Río de Janeiro, Maximiliano Alaniz, que también es abogado.
La joven permanecía desde hace dos meses con la prohibición de abandonar Brasil y es monitoreada con una tobillera electrónica. Era acusada inicialmente de tres delitos de injuria racial.
Fuente: La Nación
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