El Poder Judicial de Corrientes dispuso un aumento salarial del 12% para magistrados, funcionarios y trabajadores judiciales, una recomposición que se aplicará en dos tramos consecutivos durante los próximos meses. La medida fue definida por el Superior Tribunal de Justicia y establece un incremento del 6% en marzo y otro 6% en abril.
La decisión se conoció pocos días después de que el gobierno provincial anunciara su propio esquema de recomposición para los trabajadores de la administración pública con un aumento del 6% .
Con el nuevo esquema dispuesto por el Poder Judicial, el incremento total previsto para marzo y abril duplica el porcentaje anunciado por el Ejecutivo provincial en su última actualización salarial. La diferencia reactivó el debate sobre las políticas de recomposición de ingresos dentro del Estado correntino y sobre los criterios utilizados por cada poder para definir aumentos.
La resolución del Superior Tribunal alcanza a la totalidad del personal judicial, incluyendo magistrados, funcionarios y empleados. Como ocurre habitualmente, el aumento se financiará con los recursos que administra el propio Poder Judicial dentro de su presupuesto anual.
En la provincia, el sistema judicial cuenta con partidas presupuestarias asignadas por el Estado provincial, que luego son administradas de manera autónoma por el Poder Judicial para su funcionamiento, lo que incluye el pago de salarios y otros gastos operativos.
Un antecedente reciente: El pago de bonos
La diferencia entre las políticas salariales de ambos poderes también tiene antecedentes cercanos. En diciembre del año pasado, el Poder Judicial dispuso el pago de un bono extraordinario de 1.500.000 pesos para su personal, mientras que el Gobierno provincial anunció en ese momento un bono de 500.000 pesos para los trabajadores estatales.
Ese contraste ya había generado comparaciones en el ámbito político y sindical de la provincia. Con el nuevo aumento salarial del 12% dispuesto por la Justicia, las diferencias vuelven a quedar expuestas en el debate público.
Diversos análisis publicados en medios locales señalaron además que los recursos con los que se financia el funcionamiento del Poder Judicial no presentarían grandes diferencias respecto del origen de los fondos que sostienen al resto de la estructura estatal, ya que el presupuesto judicial se nutre en gran medida de transferencias del Tesoro provincial.
A partir de esa situación, algunos sectores plantean comparaciones sobre la capacidad de cada poder para definir mejoras salariales y sobre el margen de decisión que existe dentro de los presupuestos públicos.
Interpretaciones en el ámbito político
En paralelo a la difusión del aumento judicial, también comenzaron a circular interpretaciones dentro del ámbito político provincial. Según publicaciones periodísticas, en sectores vinculados a la administración provincial se sigue con atención la evolución del gasto salarial en el Poder Judicial.
En ese contexto, algunos análisis mediáticos señalan que dentro de la Casa de Gobierno surgieron interrogantes acerca de cuánto tiempo podrían sostenerse aumentos por encima de los definidos para el resto de la administración pública, teniendo en cuenta los recursos que la provincia transfiere al sistema judicial para su funcionamiento.
En un contexto económico marcado por la inflación y por las discusiones salariales que atraviesan a distintos sectores del empleo público, las diferencias entre ambas decisiones volvieron a instalar comparaciones sobre la política de recomposición de ingresos dentro del Estado correntino.
Fuente: Poder Judicial de Corrientes, Corrientes Hoy.
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