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Con amplia mayoría, el Senado convirtió en ley el Mercosur-UE en medio de tensión política

Con 69 votos a favor y en medio de un trámite acelerado por el oficialismo, el Senado convirtió en ley el acuerdo Mercosur–Unión Europea, que promete eliminar aranceles para el 92% de las exportaciones. Sin embargo, el Parlamento Europeo frenó su tratamiento y lo envió al Tribunal de Justicia para una revisión que podría demorar hasta dos años.
Imagen: Página 12

El Senado convirtió en ley el acuerdo Mercosur–Unión Europea en una sesión marcada por el apuro oficial. La Casa Rosada presionó para acelerar el debate e interrumpió exposiciones de senadores de Unión por la Patria para cerrar la lista de oradores y avanzar hacia la votación.

Con 69 votos a favor y tres en contra, el Gobierno celebró el acuerdo y presentó el pacto como un giro estratégico en la política exterior. En este sentido, Patricia Bullrich habló de dejar atrás años de «proteccionismo» y reivindicó una negociación que comenzó en 2019.

Según los números oficiales, el acuerdo eliminará aranceles para el 92% de las exportaciones del Mercosur, otorgará un 7,5% adicional con cupos preferenciales. El Gobierno es optimista y vende la medida como un posible impulso a las exportaciones.

El acuerdo eliminará aranceles para el 92% de las exportaciones del Mercosur, otorgará un 7,5% adicional con cupos preferenciales.

Mayoría amplia y revisión europea

La luz verde local convive con un escenario más incierto en Europa. A fines de enero, el Parlamento Europeo decidió enviar el acuerdo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que evalúe su encuadre legal. Ese proceso podría demorar entre 18 y 24 meses.

El trasfondo incluye cuestionamientos ambientales. Tras las críticas a las políticas de Jair Bolsonaro y el aumento de la deforestación en la Amazonía, la UE impulsó una «Carta adjunta» con compromisos reforzados en materia climática y de desarrollo sostenible.

Con 69 votos a favor y tres en contra, el Gobierno celebró el acuerdo. 

El Gobierno brasileño objetó que el instrumento podría convertir obligaciones voluntarias en exigencias vinculantes y abrir la puerta a sanciones. Luiz Inácio Lula da Silva llegó a calificar el acuerdo como «todavía imposible de aceptar», aunque expresó su intención de seguir negociando.

En paralelo, dirigentes europeos que apoyan el tratado lamentaron la revisión judicial. Desde la Comisión Europea sostienen que los puntos observados ya fueron abordados en acuerdos previos, como el firmado con Chile, y que el instrumento adicional es interpretativo, no punitivo.

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