La Diputada nacional por Formosa, Graciela de la Rosa (Unión por la Patria), expresó un duro rechazo a la reforma laboral durante su intervención en el recinto, al sostener que la iniciativa «no crea trabajo y no va a crear trabajo», sino que, por el contrario, «crea despidos de trabajadores y trabajadoras registrados».
En el centro de sus críticas ubicó al Fondo de Asistencia Laboral (FAL), al que definió como «el corazón de esta ley y el corazón de la precarización laboral». Según explicó, el mecanismo prevé aportes del 1% para grandes empresas y del 2,5% para pymes, pero advirtió que esos recursos «se le sacan al ANSES» y, en consecuencia, a los jubilados.
«¿Quién va a sustituir ese costo fiscal? ¿Quién va a financiar ese agujero para los jubilados?», preguntó la legisladora. De la Rosa afirmó que el fondo implicaría una transferencia de 3,4 billones de pesos desde el sistema previsional, cifra que —según comparó— duplica el superávit financiero informado por el Gobierno para 2025, estimado en 1,2 billones.
En un tramo emotivo de su exposición, relató que durante el debate en comisión escuchó a un jubilado advertir que con esta ley «el jubilado va a financiar el despido de su hijo o de su nieto». Para la diputada, el FAL consolida un esquema en el que «los jubilados ponen la plata» para solventar despidos de trabajadores registrados.
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También cuestionó que los fondos sean administrados por sociedades de bolsa habilitadas por la Comisión Nacional de Valores y que puedan ser comercializados mediante instrumentos financieros. Señaló además que el artículo 63 contempla comisiones del 1% para quienes gestionen esos recursos, lo que —según estimó— podría representar más de 30.000 millones de pesos. Comparó esa cifra con el presupuesto destinado a la educación técnica profesional, que aseguró fue recortado en un 93%.
Durante su intervención, De la Rosa solicitó autorización para leer un fragmento del documento «Trabajo, federalismo y desarrollo», firmado por seis gobernadores peronistas, entre ellos el mandatario formoseño Gildo Insfrán. El texto sostiene que «la informalidad laboral, problema central de la Argentina, no se resuelve recortando derechos a quienes los tienen», sino mediante políticas activas de desarrollo productivo, incentivos a la formalización y una estrategia que promueva el mercado interno y el empleo de calidad.
Finalmente, la legisladora ratificó su voto negativo al proyecto, al que calificó como una «ley de precarización laboral». Horas después, tras la aprobación de la norma en la Cámara de Diputados por 135 votos a favor y 115 en contra, publicó en sus redes sociales un mensaje contundente: «Reforma laboral. 100 años de retroceso. 216 artículos. 26 títulos. 0 derechos laborales. No bajaremos los brazos».
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