La reforma laboral que el Gobierno llevará este miércoles al Senado llega con 28 modificaciones y un dato político clave: fue moldeada a partir de las exigencias de gobernadores, gremios, bancos y cámaras empresariales. Lejos del discurso de ruptura que impulsó Javier Milei, el texto final expone una serie de concesiones que desdibujan la promesa original de una «modernización» profunda del régimen laboral.
Patricia Bullrich presentó los cambios en conferencia de prensa junto a referentes del PRO y la UCR, confirmando que el oficialismo aceptó eliminar puntos sensibles para garantizar los votos. Entre ellos, quedó afuera la baja del Impuesto a las Ganancias para empresas —reclamo de las provincias— y se mantuvo intacto el esquema de financiamiento sindical: los empleadores seguirán siendo agentes de retención de aportes y cuotas solidarias, una victoria directa para la CGT.
También se archivaron propuestas que incomodaban a otros actores de peso, como el pago de salarios en billeteras virtuales, resistido por el sistema bancario, y la derogación de estatutos profesionales, que solo deberán «adaptarse» a convenios colectivos en un plazo de 180 días. En paralelo, se conservaron mecanismos como el fondo para indemnizaciones, el banco de horas y el fraccionamiento de vacaciones, presentados como flexibilización, pero cuestionados por su impacto en los derechos laborales.
A pesar del anuncio oficial, el proceso continúa rodeado de hermetismo: el texto definitivo no había sido distribuido en su totalidad al cierre de la jornada y aún restan conocerse detalles clave sobre la implementación real de varios artículos. En ese contexto, el Gobierno apuesta a una aprobación exprés, mientras crecen los interrogantes sobre el alcance efectivo de una reforma que avanza menos por convicción ideológica que por necesidad parlamentaria.
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