En un giro que sorprendió incluso a sectores aliados, el Gobierno nacional decidió retirar del Congreso el proyecto de Ley de Reforma Penal Juvenil que proponía bajar la edad de imputabilidad de los menores. La medida, confirmada en las últimas horas, no implica el abandono de la iniciativa, sino un “reinicio” del trámite parlamentario para enviar un nuevo texto corregido.
Desde el oficialismo intentaron minimizar el retroceso y lo presentaron como una decisión técnica. Sin embargo, el retiro del proyecto de baja de imputabilidad deja al descubierto serias falencias en su elaboración original y tensiones políticas no resueltas en torno a una reforma sensible que impacta directamente en los derechos de niños, niñas y adolescentes.
Errores, omisiones y riesgo de inconstitucionalidad
Según trascendió, el texto inicial contenía una omisión clave en su articulado, lo que encendió alertas sobre posibles planteos de inconstitucionalidad. Fuentes oficiales admitieron que el nuevo proyecto buscará alinearse de manera más explícita con los tratados internacionales de derechos del niño que la Argentina suscribe, un aspecto que había sido duramente cuestionado por organismos especializados y bloques opositores.
La necesidad de “blindar” la ley penal juvenil frente a futuras impugnaciones expone una contradicción central: el Gobierno de Javier Milei avanzó con una reforma punitiva sin garantizar previamente su encuadre legal ni el consenso mínimo necesario para sostenerla en el tiempo.
La disputa por la edad de imputabilidad
Uno de los puntos más conflictivos fue la edad fijada para la imputabilidad penal. El dictamen enviado al Congreso establecía los 13 años, cuando el acuerdo político con sectores dialoguistas era llevarla a los 14, tal como figuraba en borradores anteriores. Esa diferencia terminó siendo determinante para frenar el avance del proyecto.
Desde el oficialismo aseguran que el “corazón” de la reforma no se modifica y que el nuevo texto mantendrá la intención de bajar la edad de imputabilidad a los 14 años, bajo el argumento de poner fin a lo que el Ministerio de Seguridad denomina la “puerta giratoria” para menores que cometen delitos graves.
Un enfoque penal que sigue generando rechazo
El esquema que impulsa el Ejecutivo contempla un sistema procesal específico para menores, establecimientos diferenciados de las cárceles de adultos y programas de reinserción obligatorios. No obstante, especialistas advierten que el énfasis sigue puesto en el castigo y no en políticas integrales de inclusión social, educación y prevención del delito.
Organizaciones de derechos humanos vienen señalando que bajar la edad de imputabilidad no resuelve la inseguridad y, por el contrario, profundiza la criminalización de la pobreza y la exclusión temprana del sistema educativo y social.
Un nuevo debate que empieza desde cero
El ingreso del nuevo proyecto por la mesa de entradas de la Cámara de Diputados obligará a reiniciar el tratamiento en las comisiones de Legislación Penal y de Familia, Niñez y Juventudes. Aunque el Gobierno confía en sostener los acuerdos previos, el episodio deja en evidencia una estrategia legislativa errática y una discusión de fondo que sigue abierta.
Más allá de la corrección técnica, el debate vuelve a instalar una pregunta central: si la respuesta del Estado frente a la violencia juvenil será ampliar el sistema penal o fortalecer las políticas públicas que eviten que los chicos lleguen al delito.
Con información de Diario Uno y Noticias Argentinas.
ADEMÁS EN NEA HOY:
Reforma laboral de Milei: cómo votarán los senadores del NEA y qué impacto tendrá en sus provincias
Tensión en Rosario: policías se acuartelaron por reclamos salariales y la crisis no cede
