El próximo 27 de febrero comenzará el juicio oral por la desaparición de Loan Danilo Peña, el niño de cinco años visto por última vez el 13 de junio de 2024 en el paraje Algarrobal, localidad correntina de 9 de Julio. A casi dos años del hecho, el debate judicial llega atravesado por una certeza central —Loan fue sustraído y trasladado en un vehículo— y por una pregunta aún sin respuesta: quiénes organizaron la maniobra y con qué finalidad.
Para la Fiscalía Federal, no se trató de un extravío ni de un accidente. “Está probado que lo sacaron en un auto. Lo que falta saber es a dónde lo llevaron y por qué lo hicieron”, sintetizó el fiscal Carlos Schaefer, a cargo de una investigación que desembocará en un juicio sin precedentes, con alrededor de 800 testigos, siete imputados por sustracción y ocultamiento del menor y una causa conexa por encubrimiento agravado que involucra a otras diez personas.
Loan Peña: una sustracción planificada y un encubrimiento inmediato
Según la reconstrucción fiscal, la desaparición de Loan Peña ocurrió en un lugar elegido deliberadamente: un descampado sin cámaras ni controles, condición necesaria para ejecutar una maniobra de traslado rápido y sin registros. Entre los principales acusados se encuentran el ex marino Carlos Pérez y su pareja, María Victoria Caillava, señalados como posibles organizadores del hecho.
Pero el eje que convierte al caso Loan en un escándalo institucional es lo ocurrido después de la desaparición. En las primeras horas y días, la investigación fue desviada sistemáticamente mediante pistas falsas, pruebas plantadas y maniobras judiciales irregulares. El ejemplo más contundente es el del botín “plantado”, que apareció sin signos de uso ni deterioro, en una secuencia que la Fiscalía ya calificó como una puesta en escena, con participación directa de funcionarios policiales.
En ese entramado aparecen dos nombres clave: Laudelina Peña, tía del niño, y el entonces comisario de 9 de Julio, Walter Maciel, ambos hoy detenidos. Para el fiscal Schaefer, el rol de los encubridores fue determinante para ganar tiempo, desviar la pesquisa y proteger a los verdaderos responsables.
El salto político del encubrimiento
El caso dio un giro decisivo cuando la Fundación La Alameda amplió una denuncia por encubrimiento y apuntó directamente al entonces gobernador Gustavo Valdés, hoy senador provincial; al senador Diego Pellegrini; y al abogado José Fernández Codazzi. La presentación judicial describe una secuencia precisa de hechos ocurridos a fines de junio de 2024, cuando la causa ya estaba en manos del fuero federal.
Según la denuncia, Pellegrini recibió una llamada directa de Valdés durante un almuerzo político y fue “comisionado” para ejecutar una operación destinada a instalar la versión del accidente, eludir la justicia federal y cerrar el caso. El abogado Codazzi habría sido el encargado de presionar y amenazar a Laudelina Peña y a su hija Macarena para que declararan un guion previamente armado ante fiscales provinciales.
Horas después de esa declaración, el gobernador Valdés publicó un tuit afirmando que el caso estaba “casi resuelto”. La maniobra, denunciada como una operación de obstrucción judicial, coincidió además con el respaldo público de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, quien calificó el testimonio como “fuerte y creíble”.
Amenazas, extorsiones y silencio judicial
Las denuncias se profundizaron con el testimonio de Macarena Peña, hija de Laudelina, quien declaró ante la jueza federal Cristina Pozzer Penzo que su madre actuó bajo amenazas. Relató promesas de bienes materiales, advertencias de detenciones inminentes y menciones directas a Bullrich y Valdés como parte de las presiones.
Pese a la gravedad de estas acusaciones, ni el gobernador ni el abogado Codazzi fueron imputados. Esta inacción judicial colocó a la jueza Pozzer Penzo en el centro de fuertes cuestionamientos. La Cámara Federal de Corrientes debió imponerle un plazo perentorio para que avance en la causa, al considerar irrazonable una investigación sin definiciones, lo que alimentó las sospechas de protección política.
La hipótesis más oscura: una red de venta de niños
En este contexto de encubrimientos y silencios, comenzó a cobrar fuerza la hipótesis más perturbadora: la existencia de una red de sustracción y venta de niños que operaría en la zona. El periodista Alejandro Pueblas sostuvo que en 9 de Julio funcionaba un circuito en el que niñas eran abusadas, quedaban embarazadas y luego sus hijos eran vendidos, con la participación de personas hoy imputadas en la causa.
Más allá de que esta línea deberá probarse en el juicio, lo que ya está acreditado es la coordinación estatal para tapar lo ocurrido, el rol activo de fuerzas de seguridad en la alteración de pruebas y la intervención de dirigentes políticos para desviar la investigación.
“El juicio puede hacer hablar a quienes hasta ahora callaron”, anticipó el fiscal Schaefer. Frente a los familiares de Loan y bajo juramento, algunos imputados podrían revelar quién financió o impulsó las maniobras de encubrimiento.
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