La situación de los trabajadores del Hospital Garrahan volvió a encender alarmas. La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) denunció la rescisión unilateral de 70 contratos de personal que cubría guardias en sectores críticos, una decisión que no solo agrava la precariedad laboral en el sistema de salud, sino que también compromete directamente la calidad y la continuidad de la atención pediátrica.
Según explicó el secretario general de la Junta Interna de ATE Garrahan, Alejandro Lipcovich, los contratos dados de baja correspondían a suplentes de guardia “sin día fijo”, que cumplían funciones esenciales en horarios vespertinos y nocturnos, momentos en los que no hay personal de planta suficiente.
La consecuencia inmediata es la existencia de guardias descubiertas en áreas sensibles como el laboratorio de Microbiología, donde las demoras en el análisis de muestras pueden postergar decisiones clínicas de alto impacto, como la identificación de bacterias y la administración de tratamientos adecuados a pacientes internados.
Lejos de tratarse de un hecho aislado, desde el gremio señalan que estos trabajadores ya venían siendo víctimas de un esquema de fraude laboral: cumplían tareas regulares y sistemáticas, pero bajo contratos anuales sin derechos básicos como licencias por enfermedad o vacaciones pagas. En lugar de avanzar hacia la regularización, las autoridades nacionales optaron por rescindir los vínculos y empujar a los profesionales a aceptar la figura del monotributo o quedar directamente sin trabajo.
“La medida trata como descartables a técnicas y profesionales altamente calificados”, advirtió Lipcovich, al recordar que muchos de los despedidos fueron claves durante la pandemia y hoy resultan indispensables para diagnósticos sensibles, como los vinculados al sarampión u otras patologías. Para ATE, el recorte no es solo laboral: implica un achicamiento deliberado de la capacidad operativa del hospital y un daño directo a la salud de las y los pacientes.
El conflicto se da en un marco más amplio de ajuste y discusión de la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei. Desde el Hospital Garrahan denuncian que esta “reforma de hecho” se aplica mediante mecanismos autoritarios, como la prohibición de difundir actos de gestión dentro del hospital, una medida que consideran ilegal y orientada a ocultar decisiones discrecionales en el manejo de los recursos públicos.
Ante este escenario, los trabajadores anunciaron asambleas, paro y movilización para el día en que el Congreso trate la reforma laboral. Además, convocaron a una reunión pública el próximo 2 de febrero en Parque Lezama, con el objetivo de organizar una respuesta colectiva en defensa de las condiciones de trabajo y de la salud pública.
El conflicto en el Garrahan expone, una vez más, cómo las políticas de ajuste impactan de manera directa en áreas sensibles del Estado. En este caso, no solo se trata del empleo de decenas de trabajadores, sino del funcionamiento del principal hospital pediátrico del país y del derecho a la salud de miles de niñas y niños.
Con información de El Destape.
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