La reforma laboral promovida por el gobierno de Javier Milei encendió fuertes cuestionamientos desde el ámbito jurídico-laboral. Para los especialistas, el núcleo más preocupante del proyecto no se limita a modificaciones puntuales de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), sino que avanza sobre principios estructurales del derecho laboral argentino, afectando el orden público laboral y el equilibrio —ya desigual— entre trabajadores y empleadores.
“Este proyecto es que no solo modifica la LCT, sino también otras leyes del derecho del trabajo, y redefine conceptos y principios fundamentales como qué se entiende por empleador, contrato de trabajo, relación laboral y relación de dependencia, además de alterar el principio de irrenunciabilidad», manifestó a NEA HOY la abogada y especialista en Derecho del Trabajo Milena Camafreyta (M.P. N° 10831 – UNNE).
Según detalló, la iniciativa libertaria también rompe con el principio de progresividad, que establece que los derechos laborales conquistados no pueden retroceder. En ese sentido, la especialista anticipó que este retroceso normativo podría derivar en planteos de inconstitucionalidad.
Restricciones al derecho de huelga y nuevas “prácticas desleales”
Otro de los ejes críticos señalados por Camafreyta es el endurecimiento del marco legal contra la acción sindical. La reforma laboral incorpora el artículo 53 bis a la Ley 23.551, ampliando las conductas consideradas “prácticas desleales” por parte de los sindicatos, incluyendo desde asambleas que «afecten la actividad empresaria» hasta la «negativa a negociar colectivamente o el incumplimiento de conciliaciones obligatorias».
Pero el impacto más profundo, según la especialista, se observa en la modificación de la Ley 25.877 sobre conflictos colectivos. Allí se amplía el concepto de servicios esenciales y se crea una nueva categoría de “servicios de importancia trascendental”, imponiendo coberturas mínimas obligatorias del 75% y 50% respectivamente, aun en contextos de huelga.
“Lo que sorprende es la extensión del alcance: educación, telecomunicaciones, transporte aéreo, industria alimenticia, siderurgia, servicios financieros, gastronomía, comercio electrónico. En todos estos sectores ya no se permite el paro total”, explicó Camafreyta. Y remarcó: “Se les quita a los sindicatos su herramienta más fuerte, que es el paro. Es la herramienta sindical por excelencia para unificar la fuerza de trabajo y negociar mejores condiciones frente a la patronal”.
Desde su mirada, el proyecto no contempla que la relación laboral no es una relación entre partes iguales, ya que el trabajador depende de su salario para subsistir.
El antecedente de la Ley Bases: promesas de modernización y resultados adversos
En su análisis, Camafreyta también remite al antecedente inmediato de la Ley Bases, aprobada al inicio del mandato de Javier Milei bajo la promesa de “modernizar” el régimen laboral y reducir la informalidad. Uno de los ejes centrales de aquella norma fue el Plan de Regularización del Trabajo No Registrado, que permitió a los empleadores blanquear relaciones laborales sin penalidades, con condonación de multas, sanciones e incluso la eliminación de antecedentes en el Repsal.
Sin embargo, los resultados estuvieron muy lejos de los objetivos anunciados. Según los datos relevados, solo 7.660 trabajadores fueron registrados a través de ese plan, una cifra marginal frente a la magnitud del empleo informal en el país. Lejos de reducirse, la tasa de trabajo no registrado aumentó hasta el 42% en el cuarto trimestre de 2024, lo que implicó un alza de 0,8 puntos porcentuales respecto del año anterior.
En paralelo, se produjo una fuerte destrucción de empleo formal. Desde la implementación de la Ley Bases se perdieron 173.563 puestos de trabajo registrados, de los cuales 58.210 correspondieron al sector público y 115.353 al sector privado. La contracción del empleo asalariado se dio, además, junto a un crecimiento sostenido de formas de inserción laboral más precarias.
Uno de los indicadores más claros fue la expansión del monotributo. Entre noviembre de 2023 y marzo de 2025 se sumaron 74.997 nuevos monotributistas, pasando de 2.037.762 a 2.112.759 inscriptos, lo que refleja un desplazamiento del empleo formal hacia esquemas individuales y desprotegidos, muchas veces utilizados para encubrir relaciones de dependencia.
Para la especialista, este antecedente refuerza las advertencias sobre la nueva reforma en debate, que profundiza esa lógica al restringir derechos, redefinir principios estructurales del Derecho del Trabajo y debilitar la capacidad de acción colectiva de los trabajadores.
ADEMÁS EN NEA HOY:
Corrientes en alerta por Ganancias: el trasfondo de la negociación por la reforma laboral
Reforma laboral de Milei: más precarización para mujeres y disidencias
