Las declaraciones públicas surgidas tras una entrevista publicada por Infobae reavivaron el debate en torno al proyecto de la Nueva Planta de Purificación de Uranio (NPU) en Formosa. En ese contexto, el ingeniero Julio Aráoz, exsecretario de Ciencia y Tecnología de la provincia y expresidente de Dioxitek S.A., fijó una posición firme en defensa del desarrollo nuclear argentino y del carácter estratégico de la iniciativa.
Aráoz sostuvo que resulta “fundamental leer con atención” las expresiones del doctor Rolando Granada, físico formoseño de reconocimiento internacional y con una extensa trayectoria en el sector nuclear. Según explicó, Granada analizó la situación del proyecto “desde una mirada estrictamente profesional, con autoridad técnica y con profundo conocimiento del sistema nuclear argentino, al que ha aportado durante toda su carrera”.
En esa línea, el ex titular de Dioxitek afirmó coincidir plenamente con la visión de Granada respecto de la importancia estratégica del proyecto Nueva Planta de Purificación de Uranio (NPU). Remarcó que se trata de una iniciativa incluida en el Plan Nuclear Argentino, aprobado por unanimidad en el Congreso. “Ese solo dato deja en claro que no se trata de un capricho ni de una decisión aislada, sino de una política de Estado”, sostuvo.
Planta de Uranio en Formosa: respaldos técnicos, sociales y legales
Desde el punto de vista técnico, Aráoz destacó que el proyecto cuenta con supervisión permanente de organismos internacionales que regulan la actividad nuclear con fines pacíficos. Mencionó a la Agencia Brasileño-Argentina de Contabilidad y Control de Materiales Nucleares (ABACC) y a la Organización Internacional de la Energía Atómica, cuyas auditorías periódicas garantizan el cumplimiento de los estándares internacionales de seguridad y control.
Además, subrayó la legitimidad social del proyecto, al recordar que fue sometido a audiencias públicas en la provincia de Formosa en el marco de la Ley General del Ambiente. “Estas instancias permitieron que la comunidad accediera a información precisa y que el proyecto obtuviera la licencia social necesaria para su ejecución”, explicó.
En el plano jurídico, Aráoz señaló que la Corte Suprema de Justicia de la Nación emitió recientemente un fallo que acreditó que el Estado Nacional, el Estado Provincial y Dioxitek presentaron toda la documentación exigida por la normativa vigente. “Esto reafirma la legalidad del proyecto y derriba cualquier intento de cuestionamiento infundado”, afirmó.
También recordó que el financiamiento de la NPU proviene íntegramente del Tesoro Nacional y que, al tratarse de una empresa estatal con participación minoritaria de Mendoza, todas las decisiones se encuentran debidamente documentadas. “Las actas de directorio, los informes gerenciales y la intervención permanente de la comisión fiscalizadora de la SIGEN dejan constancia de cada paso dado”, señaló, al tiempo que lo consideró una “excelente oportunidad para una investigación periodística seria y responsable”.
Paralizaciones y costos estratégicos
Aráoz fue crítico al referirse a las paralizaciones del proyecto. Recordó que la obra, iniciada en 2015 y con finalización prevista para 2020, fue detenida durante la gestión de Mauricio Macri, bajo la conducción de Julián Gadano. Según explicó, esa decisión implicó “costos exorbitantes, reingenierías innecesarias, interrupciones sucesivas y un grave perjuicio para el sistema nuclear”.
Asimismo, cuestionó que el mismo funcionario haya regresado al sector nuclear durante el actual gobierno y dispuesto una nueva paralización, tras viajar a Formosa “exclusivamente para despedir a casi el 90 por ciento de los profesionales y trabajadores de la planta”. Para Aráoz, estas decisiones “no son aisladas” y responden a una política que “atenta contra el sistema científico-tecnológico y la soberanía argentina”.
Finalmente, sostuvo que “la verdadera discusión no es técnica ni ambiental, porque eso ya fue saldado con auditorías internacionales, fallos judiciales y audiencias públicas. La discusión es política”. En ese marco, advirtió que frenar el proyecto implica “destruir deliberadamente un proyecto con más del 80 por ciento de avance” y renunciar al desarrollo soberano. “Defender el proyecto Nueva Planta de Purificación de Uranio es defender una Argentina con industria, ciencia y autonomía estratégica. Lo demás, es retroceder”.
Con información de Agenfor
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