La Justicia Federal de Resistencia procesó a Alfredo “Capi” Rodríguez, presidente de La Libertad Avanza (LLA) en el Chaco y actual director regional de ANSES, por una maniobra que expone uno de los episodios más graves de irregularidades partidarias de los últimos años en la provincia. El dirigente libertario fue acusado de falsificar afiliaciones, utilizar bases de datos públicas con fines políticos y abusar de su condición de funcionario público para inflar el padrón del partido.
La resolución, dictada por el Juzgado Federal N.º 1 de Resistencia, incluye el procesamiento sin prisión preventiva, un embargo por cinco millones de pesos y la prohibición de salir del país sin autorización judicial. La jueza Zunilda Niremperger consideró que existe prueba suficiente para sostener que Capi Rodríguez actuó de manera deliberada y con pleno conocimiento de la ilegalidad de los hechos investigados.
Firmas falsificadas y afiliaciones apócrifas
Según la causa, Rodríguez certificó como auténticas al menos 65 fichas de afiliación con firmas falsificadas, muchas de ellas pertenecientes a personas que nunca manifestaron intención de sumarse a LLA. Entre los casos detectados figuran adultos mayores con demencia senil, personas con discapacidades severas y ciudadanos que aseguraron no haber concurrido jamás a firmar.
La investigación, impulsada por el fiscal federal Patricio Sabadini, reconstruyó un esquema en el que se habrían utilizado fotocopias de DNI obtenidas de bases de datos del ANSES y el PAMI, organismos que estaban bajo la órbita de influencia del propio Rodríguez. En la sede partidaria —que funcionaba en un local comercial de su propiedad— jóvenes colaboradores completaban las fichas “imitando” firmas, mientras una escribana y el propio dirigente las certificaban sin la presencia de los supuestos afiliados.
Para la jueza, el rol dual de Rodríguez como apoderado del partido y certificador de firmas lo colocaba en una posición de control absoluto sobre la legalidad del procedimiento. En ese sentido, Niremperger fue contundente: “Fue él quien presentó dichas fichas ante la Secretaría Electoral, con pleno conocimiento de su trascendencia jurídica y del beneficio directo que su validación implicaba para su espacio político”.
Y agregó que, aun cuando intente despegarse de la autoría material de las firmas, la responsabilidad penal subsiste, ya que fue quien garantizó su autenticidad y las incorporó formalmente al expediente.
Uso indebido de datos públicos
Uno de los aspectos más delicados del fallo es el referido al uso ilegal de información sensible del Estado. La magistrada sostuvo que Rodríguez, en su carácter de director regional de ANSES, “sustrajo información personal de la base de datos del organismo para utilizarla con fines políticos particulares”, en una conducta que calificó como deliberada y abusiva.
El procesamiento alcanza los delitos de falsedad ideológica de documentos públicos (65 hechos), en concurso real con abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público, una combinación que expone no solo una estafa partidaria, sino también una grave vulneración de la confianza pública.
Un golpe al relato libertario
El procesamiento de “Capi” Rodríguez no es un hecho menor ni aislado. Expone una estructura partidaria construida sobre prácticas ilegales, contradice frontalmente el discurso de transparencia y anticorrupción de La Libertad Avanza y abre interrogantes sobre el control político y administrativo dentro de los organismos nacionales en la provincia.
Mientras Rodríguez insiste en que todo se trata de una “maniobra política” para frenar una eventual candidatura, la Justicia fue clara: las pruebas existen, las responsabilidades están acreditadas y la causa avanza. El caso ya se convirtió en uno de los escándalos políticos más serios del Chaco en el cierre de 2025.
Con información de Litigio.
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