La aprobación del Presupuesto 2026 en el Congreso de la Nación llegó envuelta en un relato oficial de consenso y negociación política. Diego Santilli, ministro del Interior, recorrió despachos de gobernadores exhibiendo disposición al diálogo. Javier Milei celebró el respaldo parlamentario como una muestra de racionalidad frente al ajuste. Sin embargo, detrás de esa narrativa se esconde una mecánica tan vieja como cuestionable: la compra de voluntades legislativas mediante fondos discrecionales y promesas de obras que el Estado nacional debería garantizar de todos modos.
En diciembre, el Gobierno nacional distribuyó más de 65.000 millones de pesos en Aportes del Tesoro Nacional (ATN), quintuplicando los envíos de meses anteriores y marcando un récord desde la llegada de La Libertad Avanza al poder. Tucumán, Misiones, Chaco, Catamarca, Entre Ríos y Salta concentraron esos desembolsos. No casualmente, los legisladores de esas provincias votaron a favor del proyecto oficialista en el recinto.
El paralelismo con la «Ley Banelco» de 2000 es inevitable. Aquella reforma laboral impulsada por Fernando de la Rúa se aprobó en el Senado mediante sobornos que terminaron dinamitando la Alianza y forzando la renuncia del vicepresidente Carlos «Chacho» Álvarez. Dos décadas después, el mecanismo se repite con barniz institucional: ya no son maletines en la madrugada, sino transferencias oficiales que el Ejecutivo maneja con absoluta discrecionalidad para garantizarse mayorías parlamentarias.
Gracias a los ATN se aprobó el presupuesto 2026 pasada la medianoche.
Se viene otro año con grandes ajustes y deteriores enormes en todos los sectores, pero en especial educación ciencia y AUH (ya no se indexará x inflación).
Tambien se eliminó la cláusula de la Ley Guzmán que… https://t.co/wmLNy5us85 pic.twitter.com/hneGyb5xEF
— Rosalía Costantino (@colocostantino) December 18, 2025
Lo llamativo no es solo el volumen de recursos movilizados en plena negociación legislativa, sino el contraste con el resto del año. Durante 2025, el Gobierno ejecutó apenas el 20% de los casi un billón de pesos recaudados por ATN. Noviembre fue el único mes sin ningún giro. Pero cuando llegó la hora de votar el Presupuesto, las canillas se abrieron de golpe. La sincronización política es transparente: fondos a cambio de votos, con gobernadores que prefieren el pragmatismo inmediato antes que defender los intereses estructurales de sus territorios.
Porque el verdadero escándalo no está solo en el método, sino en lo que los mandatarios provinciales están avalando. El Presupuesto 2026 elimina el Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional, una herramienta clave para sostener la infraestructura y el equipamiento de más de 1.500 escuelas técnicas en todo el país. Deroga el piso del 6% del PBI para educación y reduce el gasto educativo al 0,75% del producto, el nivel más bajo en dos décadas. Recorta partidas para ciencia y tecnología, desfinancia políticas de género y niñez, y mantiene congeladas las transferencias para cajas previsionales provinciales no transferidas.
En otras palabras, los gobernadores están aceptando cheques del presente para financiar un presupuesto que les quitará recursos en el futuro. Las escuelas técnicas que hoy sostienen con fondos nacionales deberán ser mantenidas mañana exclusivamente con arcas provinciales. Los programas federales que aliviaban la carga fiscal local desaparecen. Y las obras públicas que el Gobierno promete como gesto de buena voluntad son, en rigor, obligaciones constitucionales que el Estado nacional tiene con las provincias.
66.500 mill se fueron a ATN
Sobre todo a las Provincias q van a Aprobar un Presupuesto 2026 donde promete más ajuste y deroga leyes claves para Educación y Salud Pública. Ley de discapacidad.. NO PIENSAN en la Gente. En el Futuro como Nacion. Piensa en sus privilegios.
Traidores pic.twitter.com/FWvcGhqahm— Dariel Benitez (@DaniBenitezFsa) December 18, 2025
Osvaldo Jaldo en Tucumán, Hugo Passalacqua en Misiones, Leandro Zdero en Chaco, Raúl Jalil en Catamarca, Rogelio Frigerio en Entre Ríos y Gustavo Sáenz en Salta recibieron los fondos y pusieron a disposición sus bancadas. Algunos, como Jaldo, obtuvieron 20.000 millones de pesos, el mayor desembolso individual de la era Milei. Otros firmaron convenios de exportación o consiguieron avales para colocar deuda. Todos cumplieron con su parte del trato.
El oficialismo defiende estos movimientos bajo el argumento de la normalización institucional: después de dos años sin presupuesto aprobado, el país necesitaba una ley de leyes. Pero esa explicación omite que la discrecionalidad en el reparto de fondos no es diálogo, es cooptación. Y que cuando un gobierno utiliza recursos públicos para garantizarse mayorías legislativas, no está gobernando con consenso sino con clientelismo de alto voltaje.
La estrategia del Gobierno incluye también otro componente: la fragmentación de las demandas provinciales. A diferencia de otros momentos políticos donde los gobernadores coordinaban reclamos conjuntos, esta vez cada mandatario negoció de manera individual con la Casa Rosada. Esa atomización, deliberadamente alentada por el oficialismo, impidió la conformación de un frente común que pudiera presionar por mejores condiciones. Cada provincia peleó por su pedazo de torta sin considerar el impacto colectivo del ajuste que estaban avalando.
El caso de Córdoba ilustra las tensiones internas de este esquema. Martín Llaryora, con déficit creciente en la Caja de Jubilaciones y conflictos con estatales, quedó inicialmente fuera del reparto de ATN. El ninguneo encendió alarmas en el bloque Provincias Unidas, que amenazó con romper filas. La llamada tardía de Santilli fue una señal de apuro más que de convicción política. Mientras tanto, nueve provincias cerraron el año sin recibir un solo peso de ATN, evidenciando que la distribución de fondos respondió exclusivamente a cálculos electorales y no a criterios de necesidad o equidad.
Milei llegó al poder prometiendo terminar con la casta y la política tradicional. Pero en la negociación del Presupuesto 2026 abrazó la herramienta más clásica del poder: repartir recursos discrecionales para ordenar voluntades. Las «Banelco» modernas no llevan ese nombre, pero cumplen la misma función. Y esta vez, se hacen con dinero de todos los argentinos.
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