El diputado nacional Maximiliano Ferraro reclamó una nueva etapa de investigación política sobre el caso $LIBRA luego de que se confirmara la existencia de un contrato entre Hayden Davis y el presidente Javier Milei. Para el legislador de la Coalición Cívica, la revelación “ratifica que no se trató de una promoción imprudente”, sino de una trama con implicancias institucionales que aún no fueron esclarecidas.
La posición de Ferraro se apoya en una investigación periodística que reveló que Davis —titular de Kelsier Ventures y principal impulsor de $LIBRA— firmó un acuerdo confidencial con Javier Milei para desempeñarse como asesor ad honorem del Estado argentino. El contrato habría sido rubricado dos semanas antes del lanzamiento de la criptomoneda, durante una reunión en Casa Rosada registrada oficialmente como un encuentro para analizar tecnologías blockchain.
En un extenso pronunciamiento público, Ferraro vinculó esa información con las conclusiones del informe final de la Comisión Investigadora $LIBRA, que él mismo presidió en la Cámara de Diputados. Allí reiteró que el proyecto cripto “no fue un episodio aislado”, sino el resultado de un vínculo político e institucional premeditado.
Según detalló, la comisión verificó más de 16 reuniones entre los organizadores de $LIBRA y funcionarios del Gobierno en Casa Rosada y la Quinta de Olivos, con la participación de Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y del propio Davis, en algunos casos junto al Presidente o a Karina Milei. De ese total, solo cuatro audiencias fueron declaradas oficialmente.

Ferraro también recordó que el informe parlamentario incorporó el análisis de transacciones de criptoactivos en momentos clave, como el Tech Forum, la reunión del 30 de enero y la semana previa al lanzamiento del token el 14 de febrero desde Dallas. De acuerdo con un reporte de la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos (SIFRAI), esos movimientos “podrían constituir eventuales pagos indirectos a funcionarios públicos”.
Pese a ese cúmulo de elementos, el diputado cuestionó que la Justicia no haya citado a los principales involucrados, ni investigado el rol institucional del Estado, los cruces de llamadas o las comunicaciones entre los organizadores de $LIBRA y el círculo presidencial. “Resulta increíble e inadmisible”, sostuvo.
La revelación del contrato reforzó, además, los señalamientos ya expresados por la oposición en el Congreso. El informe final de la Comisión Investigadora, presentado en noviembre, concluyó que Milei prestó una “colaboración imprescindible” en una presunta estafa con criptoactivos y recomendó evaluar un eventual juicio político por mal desempeño. Sin embargo, La Libertad Avanza y sus aliados bloquearon cualquier avance, utilizando su peso parlamentario para cerrar el debate.
El documento de más de 200 páginas reconstruyó reuniones, flujos financieros y omisiones administrativas, y advirtió sobre un patrón reiterado, que ya se había manifestado con la moneda digital KIP Protocol, también promocionada por el Presidente. La investigación estimó pérdidas generalizadas para más de 114.000 billeteras, mientras un grupo reducido obtuvo ganancias millonarias.
Frente a la inacción judicial y el intento de cobertura política del oficialismo, Ferraro insistió en que el Congreso debe retomar su rol de contralor. “Es indispensable una segunda etapa de investigación para establecer responsabilidades y garantizar que la verdad se conozca”, afirmó, “aunque incomode al poder”.
Con información de Conclusión e Infobae.
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