El Ministro de Economía, Hacienda y Finanzas de Formosa, Jorge Ibáñez, trazó el balance de un año “muy difícil”, marcado por una paradoja central: mientras la provincia logra mantener sus cuentas en orden y garantizar el pago de salarios, el Gobierno nacional profundiza una deuda que perjudica y obliga a la Provincia a usar fondos propios ante este abandono de las obligaciones federales.
Para Ibáñez, el “superávit” que el Gobierno nacional exhibe “es a costa de transferirles a las provincias un 55% menos”, denunció. Ese recorte se traduce en un “agujero fiscal tremendo” que obliga a Formosa a utilizar fondos propios ante el abandono de Nación. Cada peso que la provincia destina a cubrir incumplimientos nacionales es un peso menos para áreas clave.
Pese a este escenario adverso, el Ministro confirmó que Formosa proyecta cerrar el año con superávit fiscal propio, lo que permitirá cumplir con el pago de sueldos y aguinaldos en tiempo y forma, sin recurrir a endeudamiento oneroso como ocurrió en otras jurisdicciones. Destacó que los aumentos salariales acumulados alcanzaron el 55% para los empleados públicos formoseños, superando ampliamente la inflación estimada en torno al 30%, y que el salario mínimo garantizado de $880.000 se mantiene por encima del promedio nacional.
En un contexto de asfixia financiera, el Ministro explicó que la provincia debió extremar su administración para sostener servicios esenciales sin resignar solvencia. Un ejemplo de esa política ordenada se refleja en el sector energético: Formosa adhirió al Régimen Especial de Créditos establecido por la Secretaría de Energía para que REFSA acceda a un financiamiento por $31.851 millones. El acuerdo fue posible luego de constatar que la empresa no registraba deudas con CAMMESA.
Sin embargo, la contracara aparece en otros frentes. Uno de ellos es la deuda que Nación mantiene con la Provincia en concepto de compensación por el Ajuste del Consenso Fiscal. Según fuentes oficiales el incumplimiento corresponde a los años 2023 y 2024, y al período comprendido entre enero y septiembre de 2025. El saldo actualizado asciende a $30.042.065.953, un monto que impacta directamente en la planificación financiera provincial.
La caja previsional, un conflicto que se profundiza hacia otras áreas
El punto de mayor tensión sigue siendo el sistema previsional. Formosa es una de las 13 provincias que decidió no transferir su caja jubilatoria a la Nación. No obstante, desde diciembre de 2023, el flujo de fondos comprometido se interrumpió, desconociendo acuerdos vigentes y generando una deuda creciente con la caja previsional provincial.
Actualmente, esa deuda acumulada alcanza la cifra de $254.517.163.841 sin actualizar, monto que llega a superar los $900.000 millones de pesos si se ajusta a la Tasa Nominal Anual promedio. Ante la falta de transferencias nacionales, la provincia se ve obligada a cubrir con recursos propios el pago a sus jubilados, lo que genera una presión adicional sobre las finanzas y condiciona la inversión en otras áreas estratégicas del Estado. El incumplimiento nacional se traduce en la ausencia de reactivos, medicamentos y equipamiento esencial.
En términos concretos, se adeudan $103.575.436 del programa Incluir Salud correspondientes a los últimos meses de 2025, a lo que se suman falencias graves en programas nacionales clave: no se envían los equipamientos comprometidos para enfermedades crónicas no transmisibles; se interrumpió la provisión de medicamentos, reactivos, tratamientos gratuitos y preservativos del Programa Nacional de VIH; no hay insumos para campañas del Programa Nacional de Tabaco; ni recursos para el Programa de Actividad Física.
Además, se dejó de proveer los test de HPV para la prevención del cáncer cervicouterino y los medicamentos oncológicos del Banco de Drogas Especiales, afectando directamente a pacientes formoseños. En este marco, la deuda cuantificable en Salud supera los $108.589.411.
La situación se replica en el área social. El Gobierno nacional mantiene una deuda cercana a los $128.898.000 con el Programa de Fortalecimiento de los Centros de Desarrollo Infantil.
En el territorio, el ajuste también se refleja en la paralización de la obra pública. Programas nacionales vinculados a infraestructura sanitaria y urbana presentan deudas millonarias. Solo en obras como el Hospital de la Madre y la Mujer (deuda: $230.152.097), los programas PROFESA y PROARSA (deuda: $2.439.562.398), las redeterminaciones de esos contratos (deuda: $ 8.178.010.508), los desagües pluviales de los barrios Cincuentenario y Los Pioneros (deuda: $519.878.043), y la electrificación rural en áreas productivas (deuda: $116.261.220), la Nación le debe a Formosa un total que supera los $11.483.864.267.
A esto se suma el freno a los planes habitacionales. Las obras del RENABAP–SISU en los barrios Simón Bolívar y Eva Perón alcanzan un monto actualizado de $1.250.719.247. En paralelo, las obras financiadas con fondos internacionales como PROMEBA, CAF y PROMAF también registran incumplimientos por $5.018.804.547, más el importe de los honorarios profesionales por $15.973.470,00, elevando la deuda total en materia de viviendas a $6.285.497.265, pasivo que se tiene con el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) de Formosa.
Ante este panorama generado por las deudas nacionales, Ibáñez aclaró que esta situación obliga a descartar un bono para los estatales, ya que la prioridad es sostener el funcionamiento del Estado sin comprometer el futuro financiero. Lejos de la especulación financiera y del endeudamiento, la Provincia apuesta a la planificación y un modelo de Estado presente, convencida de que el orden fiscal no puede construirse a costa de los derechos de su comunidad.
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