La gestión de Juan Pablo Valdés asumirá este 10 de diciembre con una radiografía cruda: una provincia con déficit récord, gasto desordenado y una estructura estatal sobredimensionada. El nuevo gabinete, todavía en conformación, deberá operar bajo una directriz ineludible: ajuste severo, eficiencia extrema y reestructuración del Estado.
La administración saliente de Gustavo Valdés deja una herencia fiscal descrita por especialistas como una auténtica “bomba de tiempo”, que condicionará cada decisión de la próxima etapa.
La herencia que deja Gustavo Valdés: déficit, deuda y deterioro social
Lejos de los discursos de estabilidad, el gobierno de Gustavo Valdés culmina con números que explican la urgencia del giro político que asumirá su sucesor. Corrientes proyecta terminar 2025 con una deuda superior a los $184.905 millones, un incremento del 154% en apenas dos años. A eso se suma el mayor déficit fiscal del país en el primer trimestre de 2025: $58.161 millones de rojo, junto a un acumulado que supera los $160.000 millones en los meses anteriores.
La contradicción fue evidente incluso en la etapa final de la gestión: el Gobierno tuvo que prever un adelanto extraordinario de $45.000 millones del Banco de Corrientes solo para pagar los sueldos de agosto. Con esa maniobra quedó expuesta la fragilidad de las cuentas, que ya no podían sostener ni el funcionamiento básico del Estado.
El desbalance también surgió de una orientación del gasto que —según admiten voces internas— resultó insostenible. Solo el 8% del gasto total se destinó a inversión real, mientras que en los rubros de tercerizaciones y consultorías el crecimiento fue del 121%. En paralelo, el salario real cayó 22% en toda la administración pública, con fuerte impacto en salud y educación. Esa última área perdió además 8 puntos porcentuales de inversión respecto de años anteriores.
La situación previsional se convirtió en otro nudo crítico: el Tesoro debe sostener al IPS con una deuda histórica de $100.000 millones que nunca fue compensada por Nación.
Ajuste, menos estructura y “ralentí” en obras: la hoja de ruta del nuevo gabinete
Con este diagnóstico, Juan Pablo Valdés ordenó un rumbo firme: austeridad y eficiencia serán los pilares de su administración. Para 2026, advierten funcionarios electos, el escenario será incluso “más estrecho”, con menos recursos nacionales y una estructura provincial que deberá achicarse.
El gobernador electo ya inició la revisión de la Ley de Ministerios y anticipó que se puede “trabajar con menos estructura ministerial”. De las actuales 12 áreas, al menos dos podrían fusionarse, como Justicia con Seguridad, o Producción con Industria. El objetivo no es solo reducir cargos políticos, sino ordenar el mapa de responsabilidades y gastos.
El Presupuesto 2026, estimado en $3,3 billones, fue diseñado bajo un escenario económico “realista”, con prioridad absoluta para sostener el funcionamiento esencial del Estado y evitar que el déficit continúe expandiéndose.
Las obras públicas no se detendrán, pero sí entrarán en un “ralentí”, un ritmo más lento que permita cumplir con la ciudadanía sin comprometer aún más las cuentas. Además, uno de los desafíos inmediatos del gabinete será diseñar una estrategia legal para recuperar la deuda previsional con Nación.
Quiénes siguen y quiénes se van: el futuro de los actuales ministros
La reestructuración del Estado arrastra inevitablemente a los ministros de la gestión saliente. Algunos ya saben que no continuarán; otros podrían ser reubicados en nuevos esquemas; y unos pocos conservarían espacios de poder clave.
Entre los funcionarios con salida casi segura aparecen Claudio Anselmo (Producción), Gabriela Gabur (Industria) y María Eliciri (Turismo). En cambio, figuras de peso político como Carlos Vignolo y Marcelo Rivas Piasentini tendrían continuidad en roles centrales, al menos en la transición. El Fiscal de Estado, Horacio Ortega, mantendría su influencia como referente jurídico del gobierno.
Las incógnitas incluyen a Práxedes López, quien aguarda una reunión definitoria para saber si continuará en Educación, y a Juan José López Desimoni, actual ministro de Justicia, que podría ser trasladado al Poder Judicial. También habrá movimientos en los entes clave: IOSCOR, IPS, Lotería Correntina y DPEC renovarán autoridades.
Una transición forzada hacia la “austeridad inteligente”
Los ministros que queden y los que lleguen deberán enfrentar un cambio de paradigma: adiós a la época de las grandes inauguraciones con cuentas al límite; bienvenida la etapa del ajuste quirúrgico y la administración de escasez.
Juan Pablo Valdés apuesta a una “austeridad inteligente”, pero su efectividad dependerá de la capacidad del gabinete para desarmar la pesada herencia fiscal y ordenar un Estado que hoy muestra signos de agotamiento estructural. En esta transición, no solo cambiarán los nombres: cambiará la forma misma de gobernar Corrientes.
ADEMÁS EN NEA HOY:
