La crisis energética en Corrientes sumó un capítulo decisivo. Este jueves 4 de diciembre, la Justicia provincial confirmó una histórica condena contra la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (DPEC) y ordenó refacturar las boletas de luz de familias en situación de vulnerabilidad. Se trata del mismo caso iniciado en 2019 por vecinos del Barrio Popular, quienes habían recibido facturaciones desproporcionadas pese a cumplir los requisitos para acceder a la Tarifa Social.
El fallo llega en un contexto explosivo: miles de usuarios denuncian aumentos sin explicación, cortes diarios, falta de inversión y una estructura de control alineada con el gobernador Gustavo Valdés. Y, especialmente, en medio de la mayor acción colectiva de la historia energética correntina: más de 4.500 personas de 20 localidades esperan un pronunciamiento de la Cámara Civil y Comercial Sala III tras denunciar abuso tarifario sistemático.
Una Justicia que desarma el relato oficial de la DPEC
La Cámara de Apelaciones con competencia Administrativa y Electoral rechazó el recurso presentado por la DPEC y ratificó la sentencia del Juzgado Civil y Comercial N.º 4 dictada en marzo de 2025. Las juezas María Herminia Puig y Martha Helia Altabe confirmaron que la vulnerabilidad de los amparistas estaba “plenamente acreditada” y que la refacturación era la única vía razonable para evitar que las familias quedaran fuera de un servicio esencial.
La decisión judicial vuelve a exponer el corazón del problema: la DPEC cobra tarifas que no se condicen con la realidad económica de miles de hogares y aplica criterios discrecionales para otorgar o negar beneficios, dejando a sectores vulnerables frente al riesgo constante de cortes.
El abogado Juan Manuel Cubilla Podestá —quien lidera tanto esta causa como la megademanda colectiva— fue contundente: “Este fallo abre un camino de esperanza para miles de correntinos. La energía es un derecho esencial y la vulnerabilidad social no puede ser ignorada por ningún organismo del Estado”.
Una provincia con boletas impagables y cortes constantes de la DPEC
Las sentencias judiciales contrastan con la realidad diaria: cortes programados sin aviso, interrupciones extendidas y facturas que superan el millón de pesos en comercios. Barrios enteros conviven con cortes de luz cotidianos mientras la DPEC insiste en incrementos tarifarios y argumenta costos operativos.
Los usuarios describen una situación límite. “La gente se está debatiendo entre pagar la luz o comer”, había advertido Cubilla semanas atrás. Jubilados, personas con enfermedades crónicas que necesitan aire o calefacción y familias con ingresos mínimos aparecen como los sectores más perjudicados.
Esta crisis no solo expone fallas técnicas: evidencia una estructura institucional donde la misma empresa que presta el servicio también se controla a sí misma, y donde los organismos de defensa del consumidor, auditoría o regulación dependen políticamente del Ejecutivo provincial.
Un precedente que amenaza con expandirse
Lo ocurrido este jueves no es un hecho aislado: es un antecedente directo para la demanda colectiva de más de 4.500 correntinos, cuya resolución está en manos de la misma Cámara que hoy falló contra la DPEC.
Para Cubilla Podestá, esta confirmación judicial “refuerza la expectativa” de que el tribunal también acompañe el reclamo masivo, que denuncia sobreprecios, ausencia de controles, audiencias públicas realizadas a cientos de kilómetros y un sistema tarifario “injusto y abusivo”.
La campaña ciudadana “Dónde Me Engancho”, impulsada por el abogado, desbordó todas las previsiones: Más de 4.000 firmas recolectadas y otras 2.000 personas que aún esperan adherirse. El mismo criterio que obligó a refacturar boletas en el Barrio Popular es el que ahora puede obligar a devolver millones cobrados irregularmente y a frenar cortes indiscriminados en toda la provincia.
Golpe a la DPEC en un momento crítico
El fallo se conoce cuando la DPEC vuelve a aplicar incrementos tarifarios y mientras arrecian los cuestionamientos al manejo energético provincial. La falta de inversión, la precariedad del servicio y la opacidad en la determinación de tarifas tensan aún más la relación entre el Gobierno y la ciudadanía.
Para las familias que llevan más de cinco años luchando en la Justicia, este jueves marcó el cierre de una etapa. Para el resto de los correntinos, abre una puerta: la comprobación de que la Justicia puede intervenir cuando los derechos básicos son vulnerados.
La atención ahora está puesta en una sola pregunta: ¿Qué decidirá la Cámara en la megacausa que involucra a más de 4.500 usuarios? Si el criterio se mantiene, la DPEC enfrentará el mayor revés judicial de su historia.
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