El próximo gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, asumirá el 10 de diciembre en medio de un escenario político y económico adverso, cargado de críticas internas dentro del radicalismo y denuncias de irregularidades en su paso por la intendencia de Ituzaingó. A esto se suma una herencia fiscal “explosiva”, con déficit récord y un endeudamiento que condiciona seriamente la próxima gestión.
A pesar de haber ganado las elecciones con el 51,89% de los votos, Juan Pablo Valdés llega al cargo con tres frentes abiertos que ponen en duda su capacidad de conducción: los cuestionamientos por su falta de experiencia, un conjunto de denuncias vinculadas a opacidad y discrecionalidad en el municipio que lideró, y un cuadro financiero provincial que deja su hermano Gustavo Valdés, considerado el más crítico del país.
Críticas por falta de experiencia y educación: el ataque frontal de Ricardo Colombi
Las críticas más duras provienen del propio radicalismo. El exgobernador Ricardo Colombi cuestionó públicamente la idoneidad de Valdés para conducir la provincia.
Colombi afirmó que el gobernador electo “no tiene experiencia, no terminó la secundaria” y lo definió irónicamente como “un empresario de boliches”. En entrevistas recientes, profundizó el ataque al señalar que a Juan Pablo Valdés “le falta hacer todavía el segundo grado rural, después volver a terminar la primaria, terminar la secundaria”.

El exmandatario insistió en que la conducción provincial exige formación: “Sin estudio no somos nada”. Y advirtió que la provincia no puede quedar “en manos de gente que no tiene la preparación adecuada en el tiempo”, más aún “cuando los tiempos que se vienen son de mucho más dificultades”.
Denuncias de irregularidades en Ituzaingó: trata, opacidad y discrecionalidad
Juan Pablo Valdés enfrentó numerosas denuncias durante su gestión como intendente de Ituzaingó, especialmente por parte de la concejal opositora y exoficialista María Valoy, quien habló de un “sistema de impunidad y encubrimiento político”.
Entre las acusaciones más graves, Valoy señaló:
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Encubrimiento de redes de trata y turismo sexual con menores. Según la concejal, en Ituzaingó “hay redes de trata y hay turismo sexual con menores”, y el municipio no mostró “ni transparencia, ni diálogo, ni compromiso con las víctimas”.
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Falta de asistencia estatal. Valoy denunció que, incluso con oficio judicial, el municipio no asistió a una víctima de trata, sin ofrecerle “ni un baño, ni luz, ni agua”.
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Incumplimiento de ordenanzas. Desde 2015 existe una normativa que obliga a capacitar a operadores turísticos en detección de trata, pero nunca se implementó.

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Opacidad presupuestaria. No hay acceso a información pública: el último boletín oficial es de mitad del año pasado, y los balances 2023–2024 presentan “muchísimas irregularidades” y “los números no cierran”.
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Discrecionalidad en los fondos. Se otorgaron exenciones impositivas de hasta seis años a personas “muy allegadas al municipio”.
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Precarización laboral extrema. El 90% de los empleados municipales cobraría “en negro”, con sueldos que van de $100.000 a $150.000.
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Gastos inflados. El presupuesto municipal para 2024 asignó $258 millones a eventos especiales.
Estas denuncias alimentan una percepción de falta de transparencia que acompaña a Valdés en su llegada a liderar el Gobierno de Corrientes.

Una herencia económica explosiva: déficit récord, deuda y recortes sociales
El nuevo gobernador asume en el peor momento fiscal de Corrientes en décadas. El radicalismo deja una administración marcada por desfinanciamiento, caída de la inversión pública y endeudamiento acelerado. Entre los puntos más críticos se encuentran:
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Déficit histórico: Corrientes es hoy la provincia con el mayor déficit del país, con un rojo acumulado superior a $160.000 millones.
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Deuda en ascenso: La deuda proyectada para 2025 supera los $184.905 millones, un aumento del 154% en dos años.
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Más deuda habilitada: El Presupuesto 2025 autorizó otros $100.000 millones de endeudamiento y $20.000 millones en Letras del Tesoro, elevando a $120.000 millones los pasivos disponibles para tomar.
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Gasto mal orientado: Mientras el gasto total creció 39% por encima de los ingresos, la inversión pública cayó al 8%, su nivel más bajo en 10 años. En contraste, “Servicios No Personales” —tercerizaciones y consultorías— subió 121%.
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Desfinanciamiento social y educativo: La inversión en salarios cayó 22% durante la gestión de Gustavo Valdés. El gasto educativo pasó del 34,3% al 26,5%. Además, se proyectan recortes para 2026 en Alimentación y Niñez, la Tarjeta Sapucay (−57% nominal) y pensiones sociales.
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Nudo previsional: El IPS arrastra una deuda de $100.000 millones de ANSES, lo que obliga al Tesoro provincial a sostener el sistema con recursos propios. Tres demandas ante la Corte Suprema están sin resolución.
Valdés deberá gestionar esta situación mientras procura alinearse con un gobierno nacional al que su espacio ha apoyado y criticado en forma intermitente. Su capacidad de maniobrar en un contexto de recursos decrecientes será determinante.
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