En una jornada marcada por la indignación y la movilización, referentes sindicales y organizaciones sociales se congregaron este lunes frente al Palacio de Justicia de Posadas para rechazar la condena impuesta a los docentes Mónica Gurina y Leandro Sánchez. En ese marco, se anunció que el diputado provincial Cristian Castro, del Partido Agrario y Social (PAyS), presentará el próximo 19 de diciembre un pedido de Jury de Enjuiciamiento contra la jueza Marcela Leiva, responsable del controvertido fallo.
La convocatoria, que reunió a sectores docentes no oficialistas y militantes de diversas agrupaciones desde las 8 de la mañana, había sido prevista originalmente para escuchar la lectura de los fundamentos de la sentencia. Sin embargo, el Juzgado Correccional y de Menores N° 1 optó por publicar el extenso documento de 87 páginas en el sistema de gestión judicial, evitando el acto público. Ante esta situación, los presentes permanecieron en la escalinata del edificio judicial sobre la Avenida Santa Catalina, donde se desarrolló un acto a micrófono abierto.
Ver esta publicación en Instagram
La condena que desató la polémica
La semana pasada, la jueza Leiva condenó a Mónica Gurina, secretaria general de la CTA A Misiones, a diez meses de prisión en suspenso, y a Leandro Sánchez, secretario general de UTEM, a ocho meses bajo la misma modalidad. Ambos dirigentes sindicales fueron procesados por su participación en el histórico acampe docente que se desarrolló sobre la céntrica Avenida Uruguay entre mayo y julio de 2024, en reclamo por mejoras salariales.
La acusación se basó en supuestos delitos de desobediencia judicial y entorpecimiento del funcionamiento de los medios de transporte. Sin embargo, organizaciones gremiales denunciaron la debilidad probatoria de la fiscalía y cuestionaron que se atribuya a los dirigentes un control absoluto sobre las protestas masivas que involucraron a miles de trabajadores estatales.
El fallo generó un repudio generalizado en el sector docente a nivel nacional y desató medidas de fuerza, incluido un paro de 24 horas. Para muchos, la sentencia representa un ataque directo al derecho constitucional a la protesta y sienta un peligroso precedente en el contexto político actual.
¿Quién es Marcela Leiva?
La magistrada acumula una trayectoria signada por decisiones cuestionadas. Designada como jueza en 2007 durante la gestión del entonces gobernador Maurice Closs (bajo la influencia política de Carlos Rovira), Leiva tiene vínculos familiares con el poder: es hermana de Cristina Leiva, quien fue ministra del Superior Tribunal de Justicia provincial.
El caso más sombrío en su carrera judicial es el de Cristina Vázquez, a quien condenó a 11 años de prisión en una causa que posteriormente fue revertida por la Corte Suprema de Justicia por falta de pruebas. Vázquez recuperó su libertad, pero el peso de la condena injusta la marcó profundamente: en 2020 se quitó la vida, dejando una cicatriz imborrable sobre el sistema judicial misionero.
Este antecedente resuena con fuerza en el presente. Durante el acto de este lunes, el docente Ismael Décima, integrante de la Campaña Contra la Violencia Institucional en Misiones, recordó específicamente este caso al señalar la responsabilidad de Leiva en aquella condena a prisión perpetua sin sustento probatorio suficiente.
¿Qué es un Jury de Enjuiciamiento?
El pedido de Jury o Jurado de Enjuiciamiento constituye un procedimiento institucional especial diseñado para investigar y evaluar la conducta de magistrados. A diferencia de un juicio penal común, este mecanismo busca determinar si un juez ha cometido faltas éticas graves, actuado con irregularidades o perdió las condiciones necesarias para continuar ejerciendo la función judicial.
El proceso involucra la participación de jueces de instancias superiores, legisladores que actúan como conjueces y representantes de los colegios de abogados. La fiscalía presenta la acusación mientras el magistrado cuestionado ejerce su derecho a la defensa.
Si el Jury encuentra responsabilidad, puede decidir la destitución del juez, su suspensión temporal o la inhabilitación permanente para ejercer cargos en el poder judicial. Se trata de una herramienta prevista constitucionalmente para garantizar la idoneidad y ética de quienes administran justicia.
Las voces de la protesta
El acto contó con la presencia de históricos referentes de luchas sociales en Misiones que han enfrentado judicialización por su activismo. Entre ellos, la docente Ramona Romero de Puerto Iguazú, procesada en 2008 por reclamar la construcción de un edificio escolar, y Aníbal «Tato» Zeretzki, referente del Polo Obrero de Eldorado, también judicializado por cortes de ruta.
Jorge «Koki» Duarte, ex secretario general de ATE y CTA A Misiones, quien enfrenta una causa abierta por las luchas salariales del sector salud en 2024, también participó del encuentro. Sus testimonios evidencian un patrón sistemático de criminalización de la protesta en la provincia.
Mónica Gurina y Leandro Sánchez cerraron el acto reafirmando su compromiso con la lucha docente y convocando a votar la propuesta de paro para el 19 de diciembre, fecha en que Castro formalizará el pedido de juicio político en la Cámara de Representantes.
La moción fue aprobada por amplia mayoría, y los presentes marcharon hacia la explanada del Palacio de Justicia para cerrar la jornada de protesta, dejando en claro que consideran este caso emblemático de la subordinación del poder judicial a intereses políticos provinciales.
ADEMÁS EN NEA HOY:
Misiones castiga la protesta de docentes y abre un precedente peligroso para todo el país
Sin precedentes: Docentes misioneros van a juicio oral por haber participado en protestas salariales
