Dos maestros de grado de Misiones enfrentarán esta semana un juicio oral acusados de desobediencia a una orden judicial y obstrucción del transporte terrestre, tras participar en las protestas docentes de 2024 que reclamaban recomposición salarial frente a una inflación acumulada del 115%. Mónica Gurina, una de las acusadas, denuncia que el proceso judicial es parte de una estrategia de disciplinamiento del gobierno provincial contra trabajadores estatales.
El conflicto tiene su origen en octubre de 2023, cuando la inflación comenzó a escalar vertiginosamente. Entre ese mes y marzo de 2024, la inflación acumulada alcanzó el 115%, mientras que el gobierno provincial ofreció a los docentes un aumento salarial de apenas el 13% para iniciar el ciclo lectivo. «Había acuerdos previos firmados por la patronal y el gobierno que decían que una vez que subiera la inflación, los salarios iban a acomodarse en el mismo porcentaje. Esto no pasó«, explicó Gurina en diálogo con este medio.
Ante la falta de respuesta oficial, el gremio docente inició una escalada de medidas que incluyó marchas al Consejo de Educación y la Legislatura provincial, paros y finalmente un acampe sobre la avenida Uruguay en la ciudad de Posadas. La protesta se extendió durante mayo con paros por tiempo indefinido que se renovaban semanalmente. En ese contexto, los docentes se encontraron compartiendo la calle con otros sectores estatales: a 100 metros protestaban efectivos policiales y a 50 metros trabajadores de salud pública, todos reclamando por el deterioro salarial.
Las imputaciones
Gurina y Sánchez están acusados de desobediencia a una orden judicial y obstrucción de la circulación del transporte por tierra. La docente sostiene que nunca fueron notificados formalmente de ninguna orden judicial y que no existe registro de firma alguna en documentación al respecto.
«Qué curioso que todo esto aparece una vez que se levanta el acampe de las fuerzas de seguridad«, señaló la maestra, sugiriendo que la selectividad del proceso judicial tiene motivaciones políticas. De los miles de docentes que participaron en las protestas en Posadas y El Dorado, solo ellos dos fueron llevados a juicio. La situación laboral durante aquellos meses era crítica: según Gurina, las maestras de grado cobraban por debajo de la línea de indigencia, los policías ganaban incluso menos que los docentes, y el personal de salud sostenía la atención de pacientes con salarios mínimos.
Críticas a la justicia y expectativas.
La docente cuestiona duramente la independencia del Poder Judicial misionero: «No es una justicia independiente. Desconoce que el derecho a la protesta es un derecho constitucional, el derecho de petición a las autoridades, el derecho de expresión es un derecho supraleyes«. Según su análisis, se les aplicó el Código Penal a conductas que debieron resolverse en el ámbito del Ministerio de Trabajo, por tratarse de un conflicto gremial originado en el incumplimiento gubernamental de acuerdos previos.
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«Nosotros creemos que nos van a condenar, así de simple«, afirmó Gurina sin rodeos. «Si la justicia aplicara la ponderación que tiene el derecho a la protesta, ese nervio de nuestra democracia, este juicio tendría que estar desestimado. Pero hay una decisión política«. La maestra vincula esta situación con un sistema judicial donde el gobierno elige a los jueces, lo que considera un problema estructural para la independencia de poderes.
Nuevos mecanismos de disciplinamiento
Gurina también denunció que actualmente existen otros mecanismos para desalentar las protestas docentes. Los descuentos por paro son considerables: si una maestra inicial cobra 630.000 pesos y le descuentan 200.000 por hacer paro, «la verdad es que lo piensa dos veces«. Además, mencionó el caso de Marisa Derin, trabajadora de salud pública de Eldorado, quien fue trasladada de su lugar de trabajo y acusada de daños que luego la justicia determinó que no existieron, aunque todavía no tiene sobreseimiento.
El juicio oral comenzará el martes 25 y representa un precedente preocupante para el ejercicio del derecho a la protesta laboral en la provincia. Para Gurina y Sánchez, más que un proceso judicial, se trata de un mensaje intimidatorio para todos los trabajadores estatales de Misiones que consideren reclamar por sus derechos laborales.
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