En un duro pronunciamiento contra la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), la Justicia Federal ordenó restablecer todas las pensiones no contributivas (PNC) que fueron suspendidas en los últimos meses sin acto administrativo previo y bajo auditorías cuestionadas. La medida tiene alcance nacional, por lo que beneficia a miles de titulares afectados por las bajas masivas ejecutadas desde julio.
El fallo surge de una acción de amparo colectivo impulsada por asociaciones de personas con discapacidad, titulares de pensiones y el Defensor del Pueblo de Catamarca, quienes denunciaron que el organismo aplicó auditorías médicas con notificaciones defectuosas, lenguaje técnico incomprensible y sin permitir el derecho de defensa. Para muchos beneficiarios, la única manera de saber que habían perdido su pensión fue al constatar que el pago nunca llegó.
El Tribunal calificó el proceder de ANDIS como una “vía de hecho administrativa”: acciones materiales que afectan derechos sin respaldo jurídico. En este caso, la interrupción de prestaciones esenciales para una población especialmente vulnerable.
URGENTE | La Justicia Federal hizo lugar al amparo colectivo, declaró que ANDIS actuó ilegalmente y ordenó reestablecer definitivamente las pensiones por discapacidad que había revocado ➜ https://t.co/UnSvEMvQnu pic.twitter.com/nC0K98uNMc
— Palabras del Derecho (@blogdelderecho) November 20, 2025
Un sistema de auditorías sin sustento administrativo
ANDIS defendió su accionar afirmando que actuó bajo las facultades otorgadas por los decretos 698/2017 y 843/2024, y aseguró que las auditorías habían sido correctamente notificadas. Sin embargo, el juez señaló que el propio organismo no logró acreditar la existencia de actos administrativos individuales que justificaran las suspensiones.
Esto implica que las bajas se ejecutaron de manera masiva, sin expedientes, sin evaluaciones individualizadas y sin motivación formal, violando principios básicos del procedimiento administrativo.
El magistrado fue categórico: las pensiones no contributivas forman parte del patrimonio de las personas y sólo pueden ser suspendidas mediante un proceso regular que respete el debido proceso, el derecho de defensa y la obligación estatal de fundamentar sus decisiones. Más aún cuando está en juego la salud y la subsistencia de personas con discapacidad.
Una causa colectiva y un patrón común: suspensiones masivas sin explicación
El fallo también reconoció el carácter colectivo del reclamo, aplicando la doctrina “Halabi”. El Tribunal identificó una causa fáctica homogénea: la suspensión masiva, simultánea y sin sustento jurídico de pensiones bajo un mismo esquema operativo, lo que justificó emitir una única sentencia con efectos sobre todos los afectados.
Respecto del cuestionamiento al Decreto 843/24 —que reinstalaba criterios restrictivos para otorgar pensiones—, el juez consideró que el planteo quedó abstracto tras la sanción de la Ley 27.793, que reformó integralmente el régimen y dejó sin efecto, de hecho, las exigencias impugnadas.
Lo que ordena la Justicia
La sentencia obliga a ANDIS a:
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Restablecer inmediatamente todas las pensiones suspendidas o retenidas sin acto administrativo previo.
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Pagar en 24 horas los haberes adeudados por esas suspensiones.
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Considerar cumplida la restitución en los casos en que, por medidas cautelares previas, los titulares ya hubieran cobrado.
El fallo representa un revés judicial contundente a la política de auditorías implementada este año y deja en evidencia la falta de controles internos y de transparencia en un organismo clave para la protección de derechos.
💥 Catamarca sacudió el tablero judicial: el Juzgado Federal N° 2 ordenó devolver todas las pensiones por discapacidad.
🔥 La ANDIS quedó expuesta: el fallo declaró ilegal la suspensión y obliga a restituir los beneficios. pic.twitter.com/q7DwJw1OL8— Resistencia Nacional (@ResistenciaNac_) November 20, 2025
El escándalo paralelo: coimas, renuncias y silencio en Comodoro Py
La resolución judicial se suma a una semana crítica para ANDIS, marcada por denuncias de corrupción que golpean su estructura política. En Comodoro Py, Diego Spagnuolo, uno de los investigados por presuntas coimas en trámites vinculados al organismo, desestimó las acusaciones y se negó a responder preguntas ante la Justicia.
En paralelo, Ornella Calvete, funcionaria del Ministerio de Economía involucrada en la misma causa, renunció tras el secuestro de u$s 700.000 durante un procedimiento judicial. El escándalo no sólo profundiza la crisis interna, sino que arroja un manto de duda sobre el manejo de las auditorías y el sistema de control que derivó en la suspensión masiva de pensiones.
Un organismo en crisis frente a un fallo que lo obliga a retroceder
La sentencia del Juzgado Federal N.º 2 de Catamarca no solo ordena restituir beneficios: expone un modelo entero de gestión en ANDIS que, según la Justicia, se aplicó sin garantías mínimas y con afectación directa a los derechos de personas con discapacidad.
Entre auditorías cuestionadas, miles de beneficiarios sin ingreso, denuncias por coimas y renuncias en el área económica, el organismo queda ahora bajo una presión inédita para recomponer su funcionamiento y dar respuestas claras sobre lo ocurrido.
Con información de C5N.
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