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Reforma laboral de Milei: una reconfiguración profunda del trabajo que tensiona derechos, sindicalismo y federalismo

Mientras el Gobierno insiste en que la reforma laboral traerá “modernización, empleo y competitividad”, el borrador del proyecto y las definiciones de sus principales funcionarios muestran un rumbo que avanza sobre pilares históricos del derecho laboral argentino: la protección del trabajador, la negociación colectiva y la estructura sindical. Entre polémicas, advertencias jurídicas y tensiones con la CGT, el paquete legal se perfila como una de las transformaciones más profundas —y conflictivas— del modelo laboral nacional.
Reclamo contra la Reforma Laboral. Foto: ATE.
Reclamo contra la Reforma Laboral. Foto: ATE.

La reforma laboral que impulsa el Gobierno avanza con un objetivo declarado: flexibilizar las condiciones de contratación y reducir el peso del “costo argentino”. Sin embargo, detrás de esos enunciados conviven cambios estructurales que alteran la arquitectura jurídica del derecho laboral.

El borrador de la reforma laboral elaborado por el Ejecutivo —discutido en el Consejo de Mayo— introduce modificaciones en la registración, licencias, indemnizaciones, vacaciones, beneficios sociales, plataformas digitales, organización sindical y servicios esenciales.

Para especialistas laborales, como Javier Fernández Verstegen, el desafío es asegurar que la actualización normativa no se convierta en un retroceso en materia de tutela, un límite que la Corte Suprema ya ha marcado. Los “10 obstáculos” que enfrentará la reforma lo confirman: constitucionalidad, federalismo, seguridad jurídica, financiamiento del sistema previsional, negociación colectiva y sustentabilidad institucional.

El proyecto habilita bancos de horas, esquemas variables y promedios mensuales, que permitirían trabajar hasta 12 horas diarias sin pago de horas extra —uno de los puntos más cuestionados por los sindicatos—.

Puntos estratégicos de la reforma laboral de Milei

  • ARCA como eje del registro laboral

La reforma crea un sistema único de registración en la nueva Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Toda relación laboral deberá inscribirse allí y la falta de constancia producirá presunciones a favor del trabajador. Esta centralización desplaza organismos previos y reorganiza funciones clave del control laboral.

  • Jornada, vacaciones y bancos de horas

El proyecto habilita bancos de horas, esquemas variables y promedios mensuales, que permitirían trabajar hasta 12 horas diarias sin pago de horas extra —uno de los puntos más cuestionados por los sindicatos—. Las vacaciones se podrán fraccionar en períodos de mínimo 7 días, y se unifican criterios de cálculo y reprogramación por enfermedad.

¿Qué establece la ley actual? Una jornada de 8 horas diarias y 48 semanales. Las horas extras se pagan el doble. 

  • Beneficios no remunerativos y salarios dinámicos

Se amplía el listado de beneficios que no integran el salario, como guardería, gimnasios, indumentaria o herramientas tecnológicas. Para la CGT y laboralistas, esto implica una reducción de aportes, contribuciones e indemnizaciones futuras.

  • Indemnizaciones recortadas y fondos alternativos

La reforma plantea un esquema de 1 sueldo por año con tope y piso, y autoriza a los convenios colectivos a reemplazar la indemnización tradicional por fondos de cese o seguros, un pedido histórico de sectores empresarios.

Para el Gobierno de Javier Milei, en cambio, es “el punto de partida para construir un país más competitivo”. Para la CGT, es “la mayor ofensiva contra los derechos laborales desde 1976”. El debate recién empieza. La conflictividad, también.

Una reforma con impacto institucional: negociación colectiva y organización sindical en la mira

Si hay un punto donde la reforma se vuelve abiertamente conflictiva, es en la estructura sindical y la jerarquía de normas laborales. Allí se inscribe la declaración de Federico Sturzenegger: “El objetivo es desarticular la estructura sindical”.

Prelación inversa: el corazón del conflicto

El proyecto introduce un cambio de paradigma: los convenios por empresa o región pasarán a estar por encima de los convenios nacionales y de la propia LCT, rompiendo un principio histórico del derecho laboral argentino que buscaba evitar la “competencia a la baja”. Esto atomiza la negociación colectiva y debilita a las organizaciones nacionales, empujándolas a escenarios fragmentados y de mayor vulnerabilidad.

¿Qué establece la ley actual? Los acuerdos por empresa solo pueden existir si superan a los convenios colectivos vigentes.

Fin de la ultraactividad y renegociación obligatoria

Los convenios vencidos dejarían de mantenerse vigentes: sindicatos y empresas tendrían 12 meses para renegociar, sin garantías de sostener derechos adquiridos. La reforma abre así una ventana para revisar y reducir condiciones históricas.

¿Qué establece la ley actual? La ley 14.250 dispone que los convenios siguen vigentes hasta tanto las partes no acuerden su modificación. De esta manera, la parte sindical puede negociar sobre la base de los derechos adquiridos. 

Limitar asambleas, fueros y representación

El proyecto propone:

  • Asambleas solo con autorización del empleador.

  • Reducción del número de delegados.

  • Acotamiento de fueros sindicales.

  • Penalización civil y penal de bloqueos y tomas.

La CGT considera estos cambios como una ofensiva directa contra la libertad sindical.

¿Qué establece la ley actual? El derecho a ejercer la libertad sindical. Puede haber un delegado cada 50 trabajadores. 

Reforma laboral de Milei: un modelo de trabajo reconfigurado

Economía de plataformas

El proyecto crea un régimen especial para repartidores independientes, con libertades operativas pero sin relación laboral reconocida. Si bien incorpora obligaciones para plataformas y derechos mínimos, mantiene un esquema autónomo, alineado con reclamos empresariales.

Profesiones sin matrícula obligatoria

Se propone que la matrícula sea opcional. El Estado certificará competencias a través del Registro Federal de Egreso (ReFE), afectando normativas de colegios y consejos profesionales de numerosas disciplinas.

Para especialistas, el riesgo es que una reforma diseñada para “dar previsibilidad” termine generando más conflicto social, más litigios y menor protección. Para el Gobierno de Javier Milei, en cambio, es “el punto de partida para construir un país más competitivo”. Para la CGT, es “la mayor ofensiva contra los derechos laborales desde 1976”. El debate y la conflictividad recién empiezan.

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