Cada tercer domingo de noviembre se conmemora el Día Mundial en Recuerdo de las Víctimas de Accidentes de Tráfico, una jornada establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 2005. Este día busca crear conciencia sobre el sufrimiento humano y los efectos económicos de los siniestros viales, y promueve la acción global, siguiendo el lema «Recuerda. Apoya. Actúa». Sin embargo, en Argentina, esta efeméride se transforma en una dolorosa denuncia contra el Estado Nacional, cuya parálisis en el mantenimiento de las rutas convierte la conmemoración en una ofensa directa a los familiares de las víctimas.
Según datos de la Federación de Personal de Vialidad Nacional, entre el 65 y el 70% de la red nacional —unos 40 mil kilómetros— se encuentra en estado regular o malo. Fabián Catanzaro, el Secretario general, alertó que esta falta de inversión se traduce en un aumento de accidentes y víctimas fatales, con casi diez muertes cada 100 mil habitantes, una cifra que la OMS considera epidémica.
Informes municipales, como el de Azul (Buenos Aires) con respecto a los siniestros de la Ruta Nacional N°3, advierten que los accidentes «escalaron de manera significativa», y que los siniestros más recurrentes están ligados directamente al «estado de la calzada». Conductores de camiones pierden su carga, y se registran despistes debido a la falta de señalización o baches. En Santa Cruz, un camionero murió en un choque frontal en la Ruta Nacional N° 3, en un sector muy deteriorado con baches y huellas profundas, donde los peritos no descartan que el mal estado de la ruta haya sido un factor influyente en el impacto fatal.
Frente a esta crisis de seguridad vial, la respuesta de Vialidad Nacional (dependiente de Nación) ha sido de negación y cinismo. Tras ser demandada, la entidad se desligó de toda culpa, atribuyendo la siniestralidad a la «negligencia, impericia y/o imprudencia del usuario conductor» y a la «mala conservación de los vehículos», según respondió ante un amparo presentado por el municipio de Azul.
Este descargo no solo rechaza la responsabilidad estatal, sino que profundiza la herida al intentar justificar la inacción con argumentos ideológicos. En su presentación legal, Vialidad fundamentó la falta de intervención en el triunfo electoral de 2023, señalando que el candidato que propuso la inhabilitación del Estado para intervenir en rutas nacionales obtuvo una mayoría de votos en ciertos municipios. Agrupaciones de familiares de víctimas, como “Autovía Ya” y “Estrellas Amarillas de Azul”, calificaron esta postura como un «desprecio por la vida» y una ofensa, repudiando que se intente «culpar a la sociedad por la irresponsabilidad al manejar en la Ruta del incremento de la siniestralidad vial».
De la orden judicial a un cartel de «Peligro, Bache»: el abandono vial en Formosa
El caso de Formosa es un ejemplo paradigmático de esta inacción deliberada. Un recurso de amparo judicial exigió la intervención urgente de las Rutas Nacionales 11, 81, 95, 28 y 86. Tras vencerse el plazo inicial de 90 días ordenado por la Justicia, Vialidad Nacional recurrió al Juzgado Federal de Formosa para solicitar una prórroga de 90 días adicionales.
Durante el tiempo transcurrido lo hecho fue muy poco según las organizaciones denunciantes: indican que el Gobierno nacional solo concretó el 1% de los trabajos de reparación en los tres meses originales. Alberto Gauna, referente de la fundación “Unidos por el dolor”, manifestó su profunda preocupación por el «nulo avance» y el «pésimo» estado de las arterias viales, confirmando que solo se hizo «lo mínimo», como limpieza de banquinas. La denuncia más cáustica es que, en lugar de arreglar el asfalto, Vialidad optó por la burla: «Algo catastrófico que siempre vemos, hay carteles que pusieron, que dicen ´Peligro, bache´, o sea, te están avisando que hay bache. En lugar de arreglar, la ruta nacional le dice, a tantos metros, bache». Lo paradójico es que posteriormente Vialidad dijo que iba a hacer una inversión de más de $11 millones de pesos para las rutas nacionales de Formosa, la cual según se indicó no alcanzaría ni para abonar las deudas con las empresas privadas que tenían a cargo las obras.
Mientras el Día Mundial nos convoca a recordar a quienes perdieron la vida, la política de abandono del Gobierno Nacional garantiza que, lejos de prevenir futuras tragedias, el asfalto roto se convierta en una trampa mortal. La falta de inversión y el deterioro visible de la infraestructura no solo se reflejan en las estadísticas, sino que constituyen una irresponsabilidad política que paga la sociedad con vidas. La verdadera acción que se demanda hoy es la reactivación inmediata de las obras, demostrando que la vida no es, como sugiere un tema pasado de la efeméride, una pieza de coche.
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