La desaparición forzada de Loan Danilo Peña, ocurrida en junio de 2024 en el paraje Algarrobal, continúa generando conmoción y sospechas de complicidad entre sectores del poder político y judicial de Corrientes. En el centro de la polémica está la jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo, quien enfrenta un proceso disciplinario en el Consejo de la Magistratura y un plazo perentorio impuesto por la Cámara Federal de Apelaciones para resolver la situación procesal de los imputados antes del 29 de noviembre.
El ultimátum judicial se dictó a fines de septiembre de 2025, con el argumento de que era “irrazonable mantener una investigación abierta sin plazos bajo la excusa de esperar la aparición del niño”. La medida dejó expuesta la presunta inacción judicial y reavivó las críticas contra Pozzer Penzo por su falta de avances en un expediente que, según las denuncias, salpica a las más altas esferas del poder correntino.
Las acusaciones contra Valdés y Pellegrini
Las denuncias por encubrimiento agravado presentadas por la Fundación La Alameda apuntan directamente al gobernador Gustavo Valdés, al senador provincial Diego Pellegrini, y al abogado José Fernández Codazzi, señalados como partícipes de una maniobra para obstruir y desviar la causa.
Un testigo clave, chofer en el entorno de Pellegrini, declaró que el senador —por encargo del gobernador— habría instruido un guion ficcional sobre un “accidente” para imponer una versión falsa ante la justicia provincial.
Según la denuncia, el vehículo usado para trasladar a Laudelina Peña y su hija desde 9 de Julio hasta Corrientes para declarar ese relato falso pertenecería a una agencia automotriz de Pellegrini. Horas después de esas declaraciones, el gobernador Valdés tuiteó que el caso estaba “casi resuelto”, antes de que los medios tuvieran conocimiento del tema.
Denuncias contra la jueza y la desestimación de la pista narco
La Alameda acusa a la jueza Pozzer Penzo de encubrimiento, mal desempeño e inacción, afirmando que nunca investigó la hipótesis narco ni los vínculos del caso con el crimen organizado. La fundación presentó más de 30 preguntas no respondidas que involucran la posible relación entre el narcotráfico, la trata de personas y funcionarios públicos.
Entre los puntos señalados se encuentran:
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La falta de indagatoria al narcomenudista Juan Maidana, principal dealer del pueblo de 9 de Julio.
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La omisión de investigar los vínculos entre Mariano Peña (familiar de Loan) y Maidana.
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La posible conexión entre el allanamiento al Clan López, ocurrido un día antes de la desaparición, y el hecho en sí.
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Las indagatorias hostiles a periodistas y abogados, desviando el foco del objeto procesal.
Además, la Fundación asegura que la magistrada denegó pedidos para citar a funcionarios políticos y judiciales de Corrientes, lo que reforzaría la sospecha de protección hacia el poder provincial.
Pozzer Penzo, acorralada y con denuncias internas
A las denuncias externas se suman los conflictos dentro de su propio juzgado. La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) la denunció por maltrato y violencia laboral, acusándola de desviar el foco del proceso disciplinario en su contra. Pozzer Penzo, por su parte, se defiende argumentando que enfrenta un “viento en contra”, presiones políticas y falta de recursos en el Juzgado Federal de Goya.
En este escenario, la magistrada debe emitir resoluciones clave antes de fin de noviembre, en medio de un clima de fuerte desgaste institucional y una crisis de confianza en la justicia correntina.
Nuevo megaoperativo: buscan a Loan Peña en cuatro lagunas
Mientras tanto, este lunes arrancó un megaoperativo en cuatro lagunas rurales de 9 de Julio, en terrenos pertenecientes a Carlos Pérez (63) y Victoria Caillava (53), ambos detenidos en la causa. Más de 30 efectivos de la Policía Federal, Prefectura, Bomberos, Defensa Civil, Policía de Corrientes y SENASA participan del rastrillaje, bajo la coordinación de la Prefectura Naval Argentina.
Los buzos especializados trabajan en una de las lagunas más extensas y de difícil acceso, donde podrían hallarse pistas determinantes sobre el paradero del niño. El operativo —que podría extenderse unos 20 días— continuará luego en otras tres lagunas del predio, señaladas por testigos protegidos como zonas clave. Además, un equipo de antropología forense y peritos de la PFA permanece en Buenos Aires listo para viajar en caso de hallarse nuevos indicios.
Una búsqueda que se vuelve símbolo
A más de un año de la desaparición de Loan Peña, el caso se transformó en un símbolo de impunidad y desconfianza hacia el poder político y judicial de Corrientes. Mientras la familia del niño sigue reclamando respuestas, la justicia federal enfrenta una cuenta regresiva: resolver antes del 29 de noviembre o quedar expuesta ante una sociedad que ya no cree en sus instituciones.
Con información de NEA HOY y TN.
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